domingo, 15 de mayo de 2016

Avionazo en baturi


                                   

                                     Prólogo 



   En medio de un sol como de Mexicali, justo a la mitad del año, me bajé de un autobús Águila en la terminal de La Paz y vi que me esperaba mi amigo Mario Santiago y unos camaradas más.

   -- Hombre, no es para tanto -- les dije -- ¿ Porqué la recepción?

   -- Te quiero presentar aquí a unos colegas -- me dijo Mario -- Martín de la Rosa es colaborador de Compás y está escribiendo un libro. A ver que te parece.

   Pronto me vi compartiendo las noticias de la semana y haciendo preguntas porque tenía quince días sin leer los periódicos. Me agradaba estar de nuevo entre compañeros del gremio con quienes compartía el mismo lenguaje. Les conté que me había aislado en Comondú para escribir algunas cosas y vaciar mis archivos en la computadora y que lo había hecho precisamente para huir de la tiranía en un lugar al que no llegan los periódicos y en el que no se oía radio ni veía televisión.

   -- Pero, fíjense, que cosa -- les dije -- cayó a mis manos ahora que venía en el autobús un ejemplar de la revista PROCESO y me ha impresionado muchísimo la historia de un joven tijuanense que habla sobre la tortura. Es aterrador lo que ha estado sucediendo en la península y en todo el noroeste. Hace quince o veinte años nunca nos lo hubiéramos imaginado. Este ejercicio del periodismo negro -- como le llama César Güemez -- nos esta haciendo ver algo que la novela policíaca mexicana, el cine mexicano y los corridos norteños no han logrado comunicarnos todavía. Por ejemplo, el dato de que cuando torturaban al narrador de esta historia tijuanense y le dispararon en la cabeza al personaje que estaba junto a él boca abajo tirado en el suelo sintió que le salpicaban unas gotas "calientes". Más adelante daba su versión sobre varios asesinatos y sus  enigmas que han estado en las páginas de la prensa a lo largo de los últimos años. Más que los hechos en sí mismos, lo que sorprendía era la naturalidad con la que muchos jóvenes de la frontera, de Tijuana y de San Diego, ejecutaban sus homicidios para luego irse a echar una langosta a Rosarito. En el mismo número de la revista aparecía un reportaje sobre una mujer muy guapa de Guadalajara que había sido asesinada. Y todo parecía enlazar, como en los capítulos de una misma novela y dentro del mismo contexto político, policiaco, delincuencial y militar. Era como si el director del cine norteamericano, Quentin Tarantino, autor de Perros de Reserva y Pull Fiction, estuviera haciendo película de los bajos fondos fronterizos. Los mismos personajes, situaciones semejantes, la inconciencia del mal, la banalidad de la violencia, un lenguaje coloquial coincidente. Pensé entonces que, a falta de una novela realista que refiriera estas cosas, el periodismo negro de nuestro fin de siglo bajacaliforniano era el que mejor podía traducir ese mundo siniestro, deprimente y estremecedor que tanto ha venido a perturbar nuestra convivencia civil. La verdad no puede desprenderse de esa alharaca cotidiana que montan todas las noches los medios audiovisuales, pensé. La verdad sólo puede refugiarse en el libro, en un periodismo novelado que, aún sin emplear nombres propios de personajes reconocibles en el centro de nuestra criminalidad, aproveche la densidad de las ciento noventa páginas y todos los recursos de la narrativa literaria para aspirar a una verdad más profunda y no a alcahuetear la verdad sucia de los abogados y los procuradores.

   Un libro es un sistema de relaciones y puede escapar -- como el ciclista que se fuga del pelotón -- a la superficialidad propia de los noticieros y a la brevedad de los cables. Puede conjurar la transitoriedad de los hechos y procurar una permanencia inimaginable en el periódico que se tira a la basura y se olvida al día siguiente.

   Conocí, pues, ese día de mi llegada a La Paz a Martín de la Rosa. Luego, luego me di cuenta de su sensibilidad periodística y su pasión por el misterio policiaco que, según me dijo, había empezado a cultivar muchos años atrás cuando se inició como reportero. No sólo sabe escribir, me dije. También sabe leer los periódicos y analizar los hechos. Topógrafo de oficio, sabe medir asimismo la gravedad y el carácter dramático de los acontecimientos y sus protagonistas. Como hace aquí en Avionazo en Baturi, una ficción literaria que trata de radiografiar y comprender cómo las criaturas humanas se desdoblan en personajes y sobreviven, como en la tragedia griega, entre la vida y la muerte, entre la impunidad y la justicia.

   No sé que tanto las historias provenientes de la realidad informan los diversos capítulos de esta novela. No conozco tanto la vida cotidiana de Baja California Sur ni los modos en que aquí se administre la justicia como para que me conste siquiera uno de los acontecimientos reales o imaginarios simbólicamente o literalmente aludidos en el texto. Lo que sí puedo decir como lector es que Martín de la Rosa ha construido narrativamente un mundo que por extensión refleja -- desde el condado novelesco del sur bajacaliforniano -- el grave momento que estamos viviendo los mexicanos en todo el territorio nacional a finales del siglo.

Federico Campbell.

                               Comentarios


   “A través de 190 páginas, Héctor Martín Ojeda de la Rosa, intenta desentrañar mediante las audacias investigadoras de su alter ego, el reportero Jacinto Romero, la red de relaciones perversas que sustentan el negocio del siglo”

Edmundo Lizardi


   “Al igual que Dashiel Hammett, autor de novelas policíacas, De la Rosa, presenta su denuncia social casi desprovista de rasgos humorísticos... Los diálogos cumplen con lo que se denomina “Novela Dramatizada”... En vez de relatar él mismo, deja que sus personajes lo hagan por él”

Sergio Ávila



   “La escritura posee un lenguaje llano, directo y con modismos de los bajos fondos. De lectura ágil y amena, revela una vocación para la prosa. Son muchos los méritos de la novela”

Ernesto Adams


   “Desde mi punto de vista, Avionazo en Baturi es una obra bastante aceptable. Tal vez ruda como su género mismo, pero con una lectura absorbente que nos ha dejado satisfechos y creo que pasará lo mismo con el más exigente de los aficionados de lo perspicaz y lo apasionante”

Mario Santiago


   “Dejar de leer este trabajo de Ojeda de la Rosa, sería desperdiciar la oportunidad de dar un vistazo a la realidad política y judicial, no sólo de nuestro Estado, sino del País”

Revista Realidades


Covarrubias vendió la plaza al Narco

la verdad al descubierto
El exgobernador negoció la plaza
para ello dispuso de toda la policía
Traicionando los más altos valores, (ser leal al partido que lo apoyó, vivir de manera honesta, respetuoso por la vida de otros, ser digno) Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor transitó por la administración de Baja California Sur como el peor ser humano que haya parido la Tierra. En su campaña mataron a un jovencito en las Micheladas prometiendo que lo esclarecería, no cumplió. Siendo gobernador ordenó la detención de un jovencito para simular la misión cumplida. Para ello se valió de la prensa, sobre todo del semanario Zeta, para acallar las voces de inconformidad por tan criminal proceder. Los diputados locales, todos, sirvieron de comparsa pues les ordenó que no le preguntaran nada a su procurador estrella, solo uno se salió de la sesión para no ser un mojigato más en la sesión cuasi secreta (no dejaron entrar, sólo a los ‘seleccionados’)
En 2014, después de la detención de Héctor Beltrán Leyva, el Chapo Isidro Meza Flores, protegido por el gobernador (y sus policías) de Sinaloa, negoció con el que ahora fue demandado en juicio político por esta redacción (quien espera que el diputado Alfredo Zamora, presidente de la comisión de puntos constitucionales y de justicia, turne la procedencia a la comisión instructora que al efecto se integre)
Como así lo denunció públicamente el Departamento del Tesoro y la DEA, ambas agencias investigadoras  de EEUU, que los Beltrán Leyva y el Chapo Guzmán era socios en el Cartel de Sinaloa, pero a la muerte de Alfredo Beltrán Leyva (2008) hubo una escisión entre los Beltrán Leyva y el Chapo Guzmán, quedándose el Chapo Isidro con los primeros. Luego (en 2014) a la muerte de Héctor Beltrán Leyva, el Chapo Isidro inició su propio Cartel, que se conoció en EEUU como el cartel de Los Meza Flores (por sus apellidos) y luego una guerra intestinal, después de la detención de Guzmán Loera.
Para esto el Chapo Isidro ya tenía comprada a los cuerpos policiacos de Sinaloa, y al gobernador MaLoVa, lo que vino a facilitar la negociación con MaCoVi (Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor) para después, al no querer entregar la plaza que ya había sido negociada a favor del Chapo Guzmán desde la administración anterior, se desató un primer desacuerdo sangriento en 2011, pero fue el 31 de julio de 2015 en que los medios de comunicación empezaron a realizar un recuento de ejecutados, al pasar estos a ser parte de la nómina del Babay, el René, o Luis Montoya, éstos, cabezas visibles de lo que siguieron apareciendo en la prensa, como los Beltrán Leyva.
Mientras los caídos aumentaban de número, Marcos Covarrubias se reía del pueblo de Baja California Sur, repartiendo despensas en cada inauguración que se le antojaba celebrar para aparecer en los medios (Ad Hoc) como blanca palomita, medios que por cierto recibían cantidades estratosféricas de dinero a través de de la dirección de comunicación social. Muchos de ellos se conducen en vehículos de modelos recientes, como muestra de su complicidad.

Esta redacción empezó a denunciar públicamente a este par de pillos (Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor y Arturo de la Rosa Escalante) desde que formaron una mancuerna para competir por la diputación federal el primero y por una diputación local el segundo.
No es de ahora que les ‘ponemos’ cola a estos sujetos para conocer de cerca su complicidad con el crimen organizado. Desde entonces la mafia les patrocinaba las candidaturas, luego pagaron con sangre del pueblo tan criminal ascenso político, esto es por dejar que se cobraran lo invertido. 

domingo, 10 de abril de 2016

juicio político vs Marco Covarrubias

A los días de su presentación.
C. Diputados locales del
H. Congreso del estado de BCS
Presente
Héctor Martín Ojeda de la Rosa, mexicano, mayor de edad, Sudcaliforniano por nacimiento, con domicilio para oír y recibir notificaciones en la casa marcada con el número 426 de la calle Manuel Encinas entre Guillermo Prieto e Ignacio Ramírez, de La Paz BCS, ante ustedes comparezco  y expongo las causales para iniciar juicio político en contra del que fuera gobernador de BCS, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor por, primero, ser el culpable de más de 180 ejecuciones de personas, supuestamente vinculadas a los enfrentamientos con armas de alto poder entre los grupos violentos comandos por Luis Montoya, segundo, haber utilizado dinero del Fonden para beneficiar a los hoteleros de la zona dorada, esto es por la salida a la carretera a Pichilingue y, tercero, por haber dejado ser a los tratantes de blancas.
Los hechos sangrientos se originaron después de que Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor comisionó a su hermano conocido como El Cuco, para que a su nombre y representación vendiera la plaza a otro grupo, cuando ya se la habían vendido al grupo de Luis Montoya que es quien les paga piso a los jefes policíacos del estado, de la ministerial y de la policía municipal.
Como es del dominio público, (a través de las redes sociales, de los medios de comunicación y de boca en boca) la plaza para la venta de droga entre los viciosos de la localidad dijeron que fue vendida dos veces, siendo este el motivo por el cual se desató la guerra entre los grupos de Luis Montoya, el babay , el cero cero y el Javy.
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Dentro de esta ‘guerra (mediática) sin cuartel’, varios policías estatales actuaron bajo las órdenes del gobernador Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, a través del encargado de la subsecretaría de seguridad pública para ejecutar a todos y a cada uno de los chapulines y dejarle el camino libre a los capitaneados por Luis Montoya, ocasionando muertes injustas como la de los niños de la Melitón Albañez, los esposos y su bebé herido de 8 meses en El Centenario, la ejecución de un estudiante de enfermería de 18 años de edad, la muerte del extrabajador de CFE incapacitado por un accidente de trabajo, etc.
La guerra se magnificó el 31 de julio de 2014, tarde noche en que agentes del estado, entre ellos el conocido como El Mono, dieron muerte a Esteban Espinoza Velázquez, alias "El Pantera" y a sus escoltas Jesús Enrique Urquiza Portillo, alias "El Ferrari", y Alberto Montero Lizárraga quedando mal herido Edgar Almicar Acosta Reyes, mejor conocido como El Rayo quien fuera trasladado al hospital, lugar hasta donde llegaron dos malosos más, uno de ellos conocido como El Barbas, quien fue identificado como parte de las células criminales por un coronel del ejército quien se percató que los policías ministeriales le dieron protección y luego la libertad al herido, todo esto por órdenes del que fuera gobernador, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor.
"La limpia" institucional al inicio la comandaban, como se podrá observar con las evidencias que presentaré, por el hermano incómodo del que fuera gobernador, así como con el jefe de giras, Irineo Martínez y Luis Alberto López López, ex asesor jurídico de seguridad pública estatal.
Para resguardar sus espaldas, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor colocó en la nueva administración a sus alfiles Marco Puppo (en el legislativo) y a Daniel Gallo Rodríguez (en el Judicial) para de esa forma controlar a dos de los poderes de BCS.
De la misma forma colocó como presidentes municipales a su socio y amigo Arturo de la Rosa Escalante en Los Cabos (para controlar al Javy); Armando Martínez Vega en La Paz -para que a través de su sobrino político cobrare las cuotas; y a Francisco Pelayo en Comondú para desde ahí seguir controlando al jefe de plaza que les dio, y les ha dado, los dineros suficientes para sus gastos de Campaña.
Ahora bien, este grupo de delincuentes de cuello blanco, comandados por Marcos Covarrubias pretende desestabilizar el proceso electoral del próximo 2018 tratando de empoderar al grupo violento de Luis Montoya por medio del semanario Zeta que, incluso, le pagaba a través de su ‘caja chica’. Dicho semanario publica sólo lo que la autoridad policiaca le dicta, sobre todo los mandos medios que son los que reciben el dinero de Luis Montoya.
Pero eso no es lo que nos importa a los ciudadanos, sino que una vez desatada la supuesta guerra entre grupos violentos, muchas familias sudcalifornianas volverán a vivir el infierno, como el que vivimos del 31 de julio del 2014 hasta el último día de la administración de este peligroso sujeto por el cual hoy pido, cumpliendo con la ley, se le abra juicio político, y estar en condiciones de que la SEIDO atraiga el caso para que junto a sus cómplices sean encarcelados como lo que son: delincuentes de cuello blanco.
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Fundo la solicitud de juicio político bajo las siguientes considerandos de la
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, según decreto 444 que ese órgano legislativo emitió 
TITULO SEGUNDO 
PROCEDIMIENTOS ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO EN MATERIA DE JUICIO POLITICO Y DECLARACION DE PROCEDENCIA. 
CAPITULO I
Sujetos, causas de Juicio Político y Sanciones 
ARTICULO 5o.- En los términos del primer párrafo del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, podrán ser sujetos de Juicio Político los Servidores Públicos que en él se mencionan. 
ARTICULO 6o.- Es procedente el Juicio Político cuando los actos u omisiones de los Servidores Públicos a que se refiere el Artículo anterior, redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho 
ARTICULO 7o.- Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho: 
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III.- Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales; 
VI.- Cualquier infracción a la Constitución o Leyes que de ella emanen cuando cause perjuicios graves al Estado, a uno o varios Municipios del mismo o de la Sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las Instituciones. 
....
CAPITULO II Procedimiento en el Juicio Político 
ARTICULO 9o.- El Juicio Político sólo podrá́ iniciarse durante el tiempo en que el Servidor Público desempeñe su empleo, cargo o comisión y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones. 
Las sanciones respectivas se aplicarán en un plazo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento. 
ARTICULO 10.- Corresponde al Congreso del Estado, instruir el procedimiento relativo al Juicio Político, sustanciando los procedimientos consignados en la Constitución Política del Estado, en la presente Ley en los términos de la Ley Reglamentaria del Congreso del Estado de Baja California Sur 
ARTICULO 11.- Cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá́ formularse por escrito, denuncia ante el Congreso del Estado por las conductas a que se refiere el Artículo 7o., de esta Ley. 

ARTICULO 12.-Presentada la denuncia a que se refiere el Artículo anterior y ratificada dentro de tres días naturales, se turnarán de inmediato con la documentación que la acompañe a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para que dictamine si la conducta atribuida corresponde a las enumeradas en el Artículo 7o. De esta Ley, y si el inculpado está comprendido entre los Servidores Públicos a que se refiere el Artículo 2o. De este ordenamiento, así́ como si la denuncia es procedente y por lo tanto amerita la incoación del procedimiento. Dicho dictamen deberá́ emitirse dentro de un término de 15 días hábiles y presentado ante el Pleno del Congreso en Sesión Secreta para lectura discusión y aprobación en su caso. 
Si el dictamen respectivo es aprobado por el Pleno del Congreso, la denuncia se turnará a la comisión instructora que al efecto se integre en los términos establecidos en el Capítulo Único del Titulo Quinto de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur. 
Una vez acreditados estos elementos, la denuncia se turnará a la Comisión Instructora que al efecto se integre en los términos establecidos en el Capítulo XI de la Ley Reglamentaria del Congreso del Estado 
ARTICULO 13.- Dentro de los tres días naturales siguientes a que la Comisión Instructora reciba la denuncia a que se refiere el artículo inmediato anterior, esta informará al denunciado sobre la materia de la denuncia, haciéndole saber su garantía de defensa y que deberá́, a su elección comparecer o informar por escrito dentro de los siete días naturales siguientes a la notificación. 
La Comisión instructora practicará todas las diligencia necesarias para la comprobación de la conducta o hecho material de aquella, estableciendo las características y circunstancia del caso y precisando la intervención que haya tenido el servidor público denunciado. 
ARTICULO 14.- La Comisión Instructora abrirá́ un período de prueba de 30 días naturales, dentro del cual recibirá́ las pruebas que ofrezcan el denunciante y el Servidor Público, así como las que la propia Comisión estime necesarias. 
Si al concluir el plazo señalado no hubiese sido posible recibir las pruebas ofrecidas oportunamente, o es preciso allegarse otras, la Comisión podrá́ ampliarlo en la medida que resulte estrictamente necesaria. 
8En todo caso, la Comisión calificará la pertinencia de las pruebas, desechándose las que a su juicio sean improcedentes 
ARTICULO 15.- Terminada la instrucción del procedimiento, se pondrá́ el expediente a la vista del denunciante, por un plazo de tres días naturales y por otros tantos a la del Servidor Público y sus defensores, a fin de que tomen los datos que requieran para formular alegatos, que deberán presentar por escrito dentro de los seis días naturales siguientes a la conclusión del segundo plazo mencionado. 
ARTICULO 16.-Transcurrido el plazo para la presentación de alegatos, se hayan o no entregados éstos, la Comisión formulará sus conclusiones en vista de las constancias del procedimiento. Para este efecto analizará clara y metódicamente la conducta o los hechos imputados y hará́ las consideraciones Jurídicas que procedan para justificar, en su caso, la conclusión o continuación del procesamiento. 
ARTICULO 17.- Si de las constancias se desprende la inocencia del encausado, las conclusiones de la Comisión Instructora terminarán proponiendo que se declare que no ha lugar a proceder en su contra por la conducta o el hecho materia de la denuncia que dio origen al procedimiento 
Si de las constancias aparece la probable responsabilidad del Servidor Público, las conclusiones terminarán proponiendo la aprobación de lo siguiente: 
I.- Que está legalmente comprobada la conducta o el hecho materia de la denuncia. II.- Que existe probable responsabilidad del encausado; y 
III.- La sanción que deba imponerse de acuerdo con el Artículo 8o., de esta Ley. 
De igual manera, deberán asentarse en las conclusiones, las circunstancias que hubieren concurrido en los hechos. 
ARTICULO 18.-Una vez emitidas las conclusiones a que se refieren los artículos precedentes, la Comisión Instructora las entregará al Secretario del Congreso para que dé cuenta al Presidente, quien anunciará que el Congreso del Estado debe reunirse y erigirse en Jurado de Sentencia para resolver sobre la imputación, dentro de los tres días naturales siguientes, lo que hará́ saber el Secretario al denunciante y al Servidor Público denunciado, para que aquél se presente por sí y éste lo haga personalmente asistido de su defensor, a fin de que aleguen lo que convenga a sus derechos. 

ARTICULO 19.- La Comisión Instructora deberá́ practicar todas las diligencias y formular sus conclusiones hasta entregarlas al Secretario del Congreso, conforme a los artículos anteriores, dentro del plazo de 60 días naturales, contado desde el día siguiente a la fecha en que se le haya turnado la denuncia, a no ser que por causa razonable y fundada sé encuentre impedida de no hacerlo. En este caso podrá́ solicitar del Congreso que se amplíe el plazo por el tiempo indispensable para perfeccionar la instrucción. El nuevo plazo que se conceda no excederá́ de quince días. 
Los plazos a que se refiere este artículo, se entienden comprendidos dentro del período Ordinario de Sesiones del Congreso, o bien dentro del siguiente Ordinario o Extraordinario que se convoque. 
ARTÍCULO 20.- El día señalado, conforme al Artículo 18., el Congreso en Pleno se erigirá́ en Jurado de Sentencia, previa declaración de su Presidente y procederá́ de conformidad con las siguientes normas: 
1.- La Secretaría dará́ lectura a las constancias procedimentales o a una síntesis que contenga los puntos sustanciales de éstas, así́ como a las conclusiones de la Comisión Instructora. 
2.- Acto continuo se concederá́ la palabra al denunciante y enseguida al Servidor Público o a su defensor, o a ambos, si alguno de éstos lo solicitaré, para que se aleguen lo que convenga a sus derechos. 
El denunciante podrá́ replicar y, si lo hiciere, el imputado y su defensor podrán hacer uso de la palabra en último término. 
3.- Retirados el denunciante y el Servidor Público y su defensor, se procederá́ a discutir y a votar las conclusiones propuestas por la Comisión Instructora y aprobar los que sean los puntos de acuerdo que en ella se contengan. El Presidente hará́ la declaratoria que corresponda 
Como lo marca la Ley invocada, dentro de artículo 14, y por la gravedad de las mismas, presentaré las pruebas documentales, videos y fotos, de los tres delitos que invoco, en el momento procesal que me sea requerida.

En espera de verme favorecido por la presente solicitud de juicio político, como Sudcaliforniano que soy, quedo a sus más apreciables órdenes.

jueves, 7 de abril de 2016

ensayo, tesis, derechos humanos, política.

AMPARO DIRECTO.


C. MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL COLEGIADO
DEL VIGÉSIMO SEXTO  CIRCUITO,
CON RESIDENCIA  EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S
PRESENTES.

                   C. HECTOR MARTÍN OJEDA DE LA ROSA, mexicano, mayor de edad en pleno uso de mis derechos, con el interés jurídico y  personalidad acreditada ante la autoridad responsable conforme al artículo 11 párrafo segundo y tercero de la Ley de amparo, comparezco a efecto de exponer:
                    Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo establecido en los numerales 103 y 107 de nuestra constitución política, los artículos 2 primer párrafo, 34, 170 fracción I,175, demás relativos de la ley de amparo, vengo promoviendo amparo directo en contra de la  Sentencia emitida el día 09 del mes de marzo de 2016 y notificada el día 14 de marzo de 2016 dentro del Toca Civil 977/2015 por la autoridad señalada como responsable, misma que resuelve el recurso de apelación en contra de la Sentencia emitida en el Juicio Ordinario Civil 1367/2013 ante el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil en esta Ciudad,  señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en Calle Puebla número 720 entre Gómez Farías y Héroes de Independencia, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, y autorizando conforme la parte final  del artículo 12 de la ley de amparo a los CCS. Iván Antonio Castro Beltrán y Sugey del Ángel García, es por lo que se pretende obtener el amparo y protección de la justicia Federal en contra de los actos de autoridad a señalar por tal motivo manifiesto con fundamento en el artículo 175 de la ley de amparo y Bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

I.- Nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre;  ya ha quedado precisado en el proemio del presente escrito.

II.- Nombre y domicilio del tercero interesado
1.    Gobernador Constitucional del Estado de Baja California Sur
2.    Gobierno del Estado de Baja California Sur
Ambos terceros interesados, con domicilio ubicado en calle Isabela católica y Nicolás Bravo, en esta Ciudad de La Paz, Baja California Sur.

III.- Autoridad Responsable;
1.    H. MAGISTRADO DE LA PRIMERA SALA UNITARIA EN MATERIA CIVIL DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO, con domicilio conocido en Boulevard Luis Donaldo Colosio Murrieta y Álvarez Rico, en esta Ciudad de La Paz, Baja California Sur.
2.    El C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO, con domicilio conocido en Boulevard Luis Donaldo Colosio Murrieta y Álvarez Rico, en esta Ciudad de La Paz, Baja California Sur.


IV.- Acto Reclamado; 
1.    Del C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO, se reclama la sentencia Definitiva de fecha 09 de octubre de 2015 dentro de los autos del Juicio Ordinario Civil número 1367/2013.
2.    Del H. MAGISTRADO DE LA PRIMERA SALA UNITARIA EN MATERIA CIVIL DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO, se reclama la resolución emitida  dentro del Toca Civil número 977/2015 el día 09 de marzo de 2016 por medio del cual confirma la Sentencia Definitiva de fecha 09 de octubre de 2015 dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Partido Judicial de La Paz, Baja California Sur dentro de los autos del Juicio Ordinario Civil número 1367/2013.

V.- Fecha de notificación del acto reclamado; 14 de marzo de 2016.

VI.- Preceptos que, conforme a la fracción I del artículo 1º de la Ley de Amparo contenga los derechos humanos cuya violación se reclame;
Los son el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en concordancia con el artículo 8 de la Convención americana sobre derechos humanos (pacto de San José) y por el artículo 14 punto 1 del pacto internacional de derechos civiles y políticos referente a las debidas garantías en un proceso judicial.  Así mismo se vulnera en perjuicio del quejoso el artículo 14 y 16, 17, 133 Constitucional.

VII.- Conceptos de Violación;

PRIMERO: Que la responsable emitió la resolución que ahora se combate, manifestando en su resolutivo Primero, lo siguiente:

“ Se CONFIRMA la Sentencia Definitiva dictada con fecha 09 de octubre de 2015, dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Partido Judicial de La Paz, Baja California Sur, dentro del JUICIO ORNIDARIO CIVIL número 1367/2013, promovido por HECTOR MARTIN OJEDA DE LA ROSA, en contra de GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR y del GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR”

Así mismo la propia responsable  emite la determinación ya señalada sin remitir a ningún Considerando de la propia resolución, luego entonces resulta ser oscuro el poder ejercer el recurso que la Ley me otorga, ya que tendría que combatir genéricamente todos los considerandos emitidos por la responsable.

Es el caso que la propia responsable señala entre otras cosas en su determinación que mis agravios expresados fueron infundados e inoperantes sin entrar al estudio de fondo del tema planteado.

La responsable vulnera en perjuicio de la parte actora lo dispuesto por el artículo 14 Constitucional mismo que a la letra indica:

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.

De lo anterior, específicamente de su párrafo segundo y cuarto obtenemos que se debe cumplir con las formalidades del procedimiento, con las leyes expedidas con anterioridad al hecho y en las sentencias deben ser conforme a la letra de las leyes aplicables, es decir el principio de seguridad jurídica.

De donde podemos determinar en primer lugar el concepto de igualdad y equidad que debe prevalecer en las resoluciones jurisdiccionales, sin embargo en el caso que nos ocupa nunca se respeto dicho principio ya que se emite la determinación combatida con argumentos no planteados por las partes, es decir, se sustituye en las partes demandadas, ya que declara procedente las responsables la excepción realizada por una de las demandadas sin que estas hubieren exhibido prueba alguna y una de las demandadas fue completamente omisa y declarada rebelde y por contestando la demanda en sentido afirmativo, luego entonces las responsables se encuentran supliendo las deficiencias técnicas de las demandadas y de manera obvia en perjuicio del suscrito, por lo que nos encontramos con violaciones claras al concepto de legalidad dentro del Estado de Derecho, que se manifiesta en dos vertientes, a saber, una positiva y una negativa; la primera únicamente es susceptible de manifestarse en la conducta de los servidores públicos en cuanto a tales, ya que consiste en que los mismos sólo pueden realizar aquello que la Ley les encomienda dentro un ámbito determinado de competencia; la segunda vertiente de la legalidad, la negativa, únicamente es susceptible de realizarse por los particulares en cuanto  tales, pues consiste en que los mismos pueden realizar todo aquello que la Ley no les prohíbe.

Que en el caso concreto, es el primer sentido en que se concibe la legalidad y pertinencia del agravio que nos produce el acto reclamado; en efecto, si la legalidad en su sentido positivo la concebimos como aquella situación en la que los servidores públicos del Estado mexicano en todos su órdenes de gobierno sólo pueden realizar aquello que la Ley les faculta, podemos concluir de manera inconcusa que la misma es conculcada por las autoridades responsables del auto señalado como acto reclamado.

Ello es así toda vez que todos los servidores públicos del Estado mexicano, en su totalidad, se encuentran vinculados a obedecer toda la estructura normativa del sistema jurídico mexicano; esto en virtud de lo dispuesto por el propio artículo 128 Constitucional que a letra dice:

“Artículo 128. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.”

Como se desprende de lo anterior, todo servidor público está vinculado a las disposiciones de la Ley Fundamental y las leyes que de ella emanen, lo que incluye, de manera apodíctica, a las autoridades señaladas como responsables; así, dichas responsables, estando vinculadas a lo que mandata la Constitución, desacatan lo que está preceptuado por la misma, pues tal y como lo señalo en los  conceptos de violación, conculcan en contra de los quejosos lo dispuesto por los preceptos constitucionales que señalamos. 

Que la fundamentación, como presupuesto de la garantía de legalidad en el sentido señalado, significa que todo acto de autoridad, inclusive el mandato general, abstracto e impersonal en el que consiste un Ley, debe supeditarse primigeniamente a lo que estipula el Pacto Federal, pues es de este último de donde emana el sustento de la totalidad del orden jurídico mexicano.

Por tanto, si un acto de autoridad lato sensu, no está sustentado en primer término en lo que la Constitución mandata o contraviene frontalmente disposiciones de la misma como lo es el caso concreto, aunque se encuentre fundamentado en el resto de la legislación secundaria, tal acto de autoridad se encuentra viciado ab origine de inconstitucionalidad.

En este sentido, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Octava Época, en tesis bajo el rubro: GARANTIA DE LEGALIDAD. QUE DEBE ENTENDERSE POR.” Señala que:

La Constitución Federal, entre las garantías que consagra en favor del gobernado, incluye la de legalidad, la que debe entenderse como la satisfacción que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica que tiene como finalidad que, al gobernado se proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, bien ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan; así, para satisfacer el principio de seguridad jurídica la Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, las formalidades del acto autoritario, y las de legalidad.

Se robustece lo antes señalado, con lo sostenido por los Tribunales Colegiados de Circuito, en Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Parte III, Marzo de 1996, en la tesis la VI.2o. J/43, página 769, que en el rubro: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, al texto señala:

La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.

Esto es así, porque las responsables contravienen las garantías de legalidad y seguridad jurídica, pues pretende ubicarme en una hipótesis jurídica no aplicable al caso concreto, de manera arbitraria y discrecional y al margen de disposición jurídica alguna.

Que al respecto es aplicable el criterio emitido por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en la Novena Época, XXV, Enero  de 2007, localizable en la página 2127 bajo el rubro y texto siguiente:
      
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA.
Debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y motivación; toda vez que por lo primero se entiende la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión; mientras que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 6706/2005. Provivienda 2000, A.C. 13 de octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Abraham Mejía Arroyo.

Amparo directo 317/2006. Juan Martínez Romero y otros. 9 de agosto de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Sergio I. Cruz Carmona.

Amparo directo 430/2006. Lonas Parasol, S.A. de C.V. 30 de agosto de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Sergio I. Cruz Carmona.

Amparo directo 449/2006. Mónica Francisca Ibarra García. 13 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Sergio I. Cruz Carmona.

Amparo directo 530/2006. Ricardo Zaragoza Deciga y otra. 19 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Avianeda Chávez, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Sergio I. Cruz Carona.

A mayor abundamiento sobre la falta de fundamentación, resulta ilustrativa la siguiente Jurisprudencia emitida por la Primera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en la Novena Época, XXIII, Diciembre de 2005, visible en la página 162 bajo el rubro y texto siguiente::

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.
Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso.
Contradicción de tesis 133/2004-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. 31 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz Joaquina Jaimes Ramos.

Tesis de jurisprudencia 139/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiocho de septiembre de dos mil cinco.

Es evidente la falta de motivación y fundamentación, lo que viola en perjuicio de los quejososlos artículos 14  y 16 del Código Político de 1917, amén de que se violentan mandatos constitucionales expresos, destrozando el caro principio de supremacía constitucional que establece el artículo 133 de la Norma Suprema.
A efecto de ilustrar lo anterior, resulta aplicable la siguiente Jurisprudencia de la Novena Época, emitida por la Primera Sala, publicada en el  Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX, Octubre de 2004, visible en la página 264, bajo el número 1a./J. 80/2004, materia constitucional; que a la letra dice:
SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERÁRQUICO NORMATIVO, PRINCIPIOS DE. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE.
En el mencionado precepto constitucional no se consagra garantía individual alguna, sino que se establecen los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, por los cuales la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen, así como los tratados celebrados con potencias extranjeras, hechos por el presidente de la República con aprobación del Senado, constituyen la Ley Suprema de toda la Unión, debiendo los Jueces de cada Estado arreglarse a dichos ordenamientos, a pesar de las disposiciones en contrario que pudiera haber en las Constituciones o en las leyes locales, pues independientemente de que conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados que constituyen la República son libres y soberanos, dicha libertad y soberanía se refiere a los asuntos concernientes a su régimen interno, en tanto no se vulnere el Pacto Federal, porque deben permanecer en unión con la Federación según los principios de la Ley Fundamental, por lo que deberán sujetar su gobierno, en el ejercicio de sus funciones, a los mandatos de la Carta Magna, de manera que si las leyes expedidas por las Legislaturas de los Estados resultan contrarias a los preceptos constitucionales, deben predominar las disposiciones del Código Supremo y no las de esas leyes ordinarias, aun cuando procedan de acuerdo con la Constitución Local correspondiente, pero sin que ello entrañe a favor de las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, facultades de control constitucional que les permitan desconocer las leyes emanadas del Congreso Local correspondiente, pues el artículo 133 constitucional debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto.
Amparo en revisión 2119/99. 29 de noviembre de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz.

Amparo directo en revisión 1189/2003. Anabella Demonte Fonseca y otro. 29 de octubre de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo.

Amparo directo en revisión 1390/2003. Gustavo José Gerardo García Gómez y otros. 17 de marzo de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Humberto Román Palacios; en su ausencia hizo suyo el asunto José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jaime Salomón Hariz Piña.

Amparo directo en revisión 1391/2003. Anabella Demonte Fonseca. 31 de marzo de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada.

Amparo en revisión 797/2003. Banca Quadrum, S.A. Institución de Banca Múltiple. 26 de mayo de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo.

Tesis de jurisprudencia 80/2004. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintidós de septiembre de dos mil cuatro.

Es por eso que nuestro Juicio de Amparo se ha convertido en un instrumento jurídico de control de la constitucionalidad a disposición de los particulares, pues a través de este último es posible estudiar la posible contradicción de un acto de autoridad, latu sensu, con los contenidos de la propia Ley Fundamental, y que dicha contradicción se manifieste en una violación a la esfera jurídica de los gobernados; la finalidad de tal instrumento procesal es restituir al gobernado las garantías que le fueron conculcadas por la autoridad responsable.

Respecto a la función de control de la constitucionalidad, resulta aplicable la siguiente Jurisprudencia, correspondiente a la Novena Época, emitida por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Diciembre de 2000, página 843, bajo el número P./J. 155/2000, de la Materia Constitucional:
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. CONFORME AL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL LOS MEDIOS RELATIVOS DEBEN ESTABLECERSE EN LA PROPIA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y NO EN UN ORDENAMIENTO INFERIOR.
En virtud de que el ejercicio de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de los medios de control de la constitucionalidad, tiene por efecto que ese órgano fije el alcance de las normas supremas, que expresan la soberanía popular, debe considerarse que la jerarquía de las bases contenidas en ese Magno Ordenamiento conlleva el que sólo en ellas, mediante la voluntad soberana manifestada por el Constituyente o por el Poder Revisor de la Constitución, pueda establecerse la existencia de los referidos medios; ello sin menoscabo de que el legislador ordinario desarrolle y pormenorice las reglas que precisen su procedencia, sustanciación y resolución. La anterior conclusión se corrobora por lo dispuesto en los diversos preceptos constitucionales que, en términos de lo previsto en el artículo 94 de la propia Constitución General de la República, determinan las bases que rigen la competencia de la Suprema Corte de Justicia, en los que al precisarse los asuntos de su conocimiento, en ningún momento se delega al legislador ordinario la posibilidad de crear diversos medios de control de la constitucionalidad a cargo de aquélla.
Recurso de reclamación 172/98. Gobernador del Estado de Durango. 31 de octubre de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Humberto Román Palacios. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de noviembre en curso, aprobó, con el número 155/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de noviembre de dos mil.

El acto reclamado que impugno de las autoridades señaladas como responsables viola en perjuicio del quejoso la Garantía de Igualdad consagrada en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esto se concluye de manera inconcusa al establecer el precepto constitucional aludido a que:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

En efecto, tal disposición señala que la inobservancia de las Garantías que la propia Constitución establece es sólo la excepción, pues en condiciones normales y fuera de las limitaciones que cada precepto señala para su ejercicio, su respeto y cumplimiento por sus sujetos pasivos, a saber, las autoridades del Estado, es inexcusable.

Es decir, el concepto suspensión referido a las Garantías Individuales se vincula por su no observancia por las Autoridades Estatales, pero sólo bajo los supuestos y con las condiciones que preceptúa el artículo 29 Constitucional, el cual es el que contempla dicha figura; por lo que, fuera de las hipótesis que señala el último numeral citado, nuestra constitución no contempla de manera alguna la inobservancia de las garantías individuales que ella misma establece.

 Es decir, responsable deja de observar o suspenden en perjuicio del suscrito mis Garantías Constitucionales, de motivación y fundamentación y seguridad jurídica de manera arbitraria y sin encontrarse de manera alguna en los supuestos que contempla el artículo 29 constitucional.

De manera análoga sucede con el concepto restricción que también contempla el artículo 1º constitucional, pues por dicho concepto debemos entender no la inobservancia de una garantía individual por el sujeto pasivo de la misma, sino su observancia parcial en virtud de una limitación que puede tener como causa eficiente,  por ejemplo, la moral, el orden público o los derechos de tercero; así, las limitaciones a las Garantías Individuales serán establecidas casuísticamente por cada precepto Constitucional que  contenga el Derecho Público Subjetivo en cuestión.

Lo anterior se entiende en virtud de los principios de Supremacía Constitucional y de Unidad Sistemática de la Constitución, pues sólo puede limitar una norma constitucional el contenido de otra norma constitucional y tal limitación es congruente y constitucional si se encuentra dentro de la propia Ley Suprema. 

Es aplicable al caso que nos ocupa, la Tesis Plenaria CXXXIII/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XII, Septiembre de 2000, visible en la página 27, bajo el rubro y texto siguiente:

IGUALDAD. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE SE HAGAN VALER RESPECTO A LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO PUEDEN ENTENDERSE SI NO ES EN RELACIÓN DIRECTA CON LAS LIBERTADES QUE ÉSTA CONSAGRA.

Si bien es cierto que las garantías que otorga la Constitución Federal sólo pueden restringirse por disposición de la propia Ley Fundamental o por otra ley a la que la misma remita, también lo es que los conceptos de violación que haga valer el quejoso en el juicio de amparo, respecto al artículo 1o. de la Carta Magna que prevé la garantía de igualdad, sólo pueden entenderse en relación directa con las libertades que la propia Constitución consagra. Esto es, la violación que se produciría, en su caso, al artículo 1o. sólo puede advertirse de un estudio conjunto de dicho ordinal con la correlativa libertad que se arguye violada.

Amparo en revisión 295/99. Colegio Mexicano de Licenciados en Administración, A.C. 8 de mayo de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Ángel Ramírez González.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy cinco de septiembre en curso, aprobó, con el número CXXXIII/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a cinco de septiembre de dos mil.

En efecto, la violación a la Garantía de Igualdad consagrada en el artículo 1º constitucional se inscribe en el contexto de una indebida inobservancia de las garantías de legalidad, seguridad jurídica, entre otras, contempladas en los artículos 1,14, 16, y 133  de la propia Ley Fundamental, pues de ningún modo se han actualizado en el caso que nos ocupa, las hipótesis de suspensión o restricción que el primer numeral constitucional establece de manera inexorable.

En el caso que nos ocupa, las garantías de seguridad jurídica violadas por las responsables no establecen en su parte conducente limitación alguna para su respeto eficaz, por lo que su observancia parcial por las autoridades demandadas  viola de manera diáfana la garantía de igualdad establecida en el artículo 1º de la Norma Fundamental.

SEGUNDO: Que la responsable vulneró lo señalado en  el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en concordancia con el artículo 8 de la Convención americana sobre derechos humanos (pacto de San José) y por el artículo 14 punto 1 del pacto internacional de derechos civiles y políticos referente a las debidas garantías en un proceso judicial, toda vez de que emitió una resolución declarando procedente la excepción de una de las demandadas, además declaró procedente dicha excepción, a pesar de que no se ofrecieron pruebas idóneas para ello y sobre todo a pesar de existir de manera clara la causa de pedir no analiza mis argumentos para desestimar la resolución combatida, pero además de que la responsable simplemente argumenta situaciones no alegadas por las pares rompiendo el principio de igualdad y equidad que debería mantenerse en toda resolución judicial, que tales situaciones son de orden público e interés general, específicamente el respeto a la literalidad en las Sentencias y constreñirse a lo alegado por las partes y nunca un argumento sin un precepto legal que lo ordene ni romper el principio de igualdad y equidad de las partes, es por lo que se quebranta en perjuicio del quejoso lo dispuesto en los primeros tres párrafos del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

[…]

Que el artículo 1o. de la Ley Fundamental consagra de un modo general el principio protector de los derechos humanos consagrados tanto en la ley fundamental como los tratados internacionales en lo que nuestro País sea parte y haya ratificado los mismos.

De lo anterior se desprende que la protección a los derechos humanos está garantizada constitucionalmente conforme a los siguientes lineamientos:

a).- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

b).- Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

c).- Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

En lo referente al primer presupuesto, la garantía constitucional cobra real vigencia al indicar que por el solo hecho de ser persona, gozarán de la protección de sus derechos humanos conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pero además de los derechos contemplados en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte y dicha prerrogativa no podrá vedarse ni suspenderse si no bajo los propios casos y supuestos que señala la Constitución en  mención.

Por otro lado, el segundo presupuesto normativo se refiere a la interpretación de los derechos humanos contemplados en la propia Constitución y tratados internacionales bajo el principio de la protección más amplia a favor de la persona que se adolece de la vulneración de algún derecho de los ya señalados.

El tercer presupuesto normativo implica que todas las autoridades en el ámbito de su competencia deberán actuar para prevenir y en su caso corregir cualquiera de las violaciones de derechos humanos contempladas en la Constitución Federal o bien en pactos internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Esto se entiende de tal forma que los individuos estamos protegidos por la norma fundamental y los tratados internacionales tratándose de derechos humanos que se pretendan violentar o se violenten por autoridades conforme lo dispuesto por la propia Ley de Amparo.

Las autoridades señaladas como responsables vulneran lo señalado en este precepto ya que con su actuar vulneran mis garantías individuales y derechos humanos,  entre otras  de GARANTÍA DE AUDIENCIA Y SEGURIDAD JURÍDICA, vulnerando también los  TRATADOS INTERNACIONALES de los que el Estado Mexicano es parte.

Es el caso que con las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 y 10 de junio de 2011,  se amplia la procedencia del amparo por violaciones a los derechos humanos plasmados en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte en términos de lo dispuesto por los artículos 1 y 133 de la Norma Fundamental.

Hay que destacar,  que los compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades del Estado Parte frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al Presidente de la República para suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas, el que por medio de su ratificación obliga a las autoridades de los Estados, atento a lo dispuesto por los artículos 76, fracción I, 89, fracción X y 133 constitucionales.

Que además, una vez, incorporados a la Ley Fundamental los instrumentos internacionales suscritos por México, las autoridades mexicanas quedan vinculadas también a invocar la jurisprudencia de tribunales internacionales, como criterio orientador cuando se trate de la interpretación y cumplimiento de las disposiciones protectoras de los derechos humanos, que han sido definidos por la doctrina como el conjunto de facultades, libertades y pretensiones de carácter civil, político, económico, social y cultural, incluidos los recursos y mecanismos de garantía de todas ellas, que se reconocen al ser humano, considerado individual y colectivamente.

Que dentro de los derechos humanos particularmente el de una debida tutela jurisdiccional  en relación con el párrafo cuarto del artículo 1 Constitucional por lo que la responsable al no sujetarse estrictamente a lo señalado por la ley y suplir la argumentación de la actora principal, además de no considerar la improcedencia de la acción de reivindicación de la actora principal por no haber acreditado la identidad del bien, es que vulnera tales garantías y derechos.

Derivado de lo anterior, nos parece pertinente el criterio jurisprudencial  emitido por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicado en la 10ª Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 2, visible  en la página 1093, bajo el rubro y texto siguiente:

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. CUANDO LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADVIERTAN QUE EL RESPETO A LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE ACCESO A LA JUSTICIA, GARANTÍA DE AUDIENCIA Y TUTELA JURISDICCIONAL SE SUPEDITÓ A REQUISITOS INNECESARIOS, EXCESIVOS, CARENTES DE RAZONABILIDAD O PROPORCIONALIDAD, EN EJERCICIO DE AQUÉL, DEBEN ANALIZAR PREPONDERANTEMENTE TAL CIRCUNSTANCIA, AUN CUANDO NO EXISTA CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIO AL RESPECTO. De conformidad con los artículos 1o. y 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los órganos jurisdiccionales se encuentran legalmente vinculados a ejercer, ex officio, el control de convencionalidad en sede interna, lo cual implica la obligación de velar no sólo por los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, sino también por los establecidos en la Constitución Federal, adoptando la interpretación más favorable conforme al principio pro persona. Así, deben proteger cabalmente, entre otros, los derechos y libertades de acceso a la justicia, garantía de audiencia y tutela jurisdiccional, acorde con los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los preceptos 14 y 17 de la Constitución General de la República. Ahora bien, si la tutela jurisdiccional se ha definido como el derecho de toda persona para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales para plantear sus pretensiones o defenderse de ellas, con el objeto de que mediante la sustanciación de un proceso donde se respeten ciertas formalidades se emita la resolución que decida la cuestión planteada y, en su caso, se ejecuten las decisiones, es evidente que el respeto a esos derechos y libertades no debe supeditarse a requisitos innecesarios, excesivos, carentes de razonabilidad o proporcionalidad; por ello, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito adviertan tal circunstancia, deben analizarla preponderantemente, en ejercicio del control de convencionalidad, con la finalidad de proteger y garantizar los derechos humanos, aun cuando no exista concepto de violación o agravio al respecto.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGION

Amparo directo 334/2012, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito (expediente auxiliar 492/2012). Materias del Comercio Exterior, S.A. de C.V. 6 de julio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Moya Flores. Secretario: Guadalupe González Vargas.

Amparo directo 424/2012, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito (expediente auxiliar 693/2012). Distribuidora de Tiendas C.R., S.A. de C.V. 30 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Moya Flores. Secretario: Roberto Javier Sánchez Rosas.

Amparo directo 463/2012, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito (expediente auxiliar 719/2012). Servicios en Polietileno Excelente, S.A. de C.V. 30 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Mendoza Montes. Secretario: Hipólito Alatriste Pérez.

Amparo directo 468/2012, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito (expediente auxiliar 721/2012). Faske, S.A. de C.V. 6 de septiembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara. Secretaria: Enriqueta Velasco Sánchez.

AMPARO DIRECTO 506/2012, DEL ÍNDICE DEL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO (EXPEDIENTE AUXILIAR 825/2012). 4 de octubre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Moya Flores. Secretario: Guadalupe González Vargas.

A mayor abundamiento, es aplicable  el criterio jurisprudencial  emitido por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicado en la 10ª Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, consultable en la página 1189, bajo el rubro y texto siguiente:
REQUISITOS PROCESALES BAJO LA ÓPTICA CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. Aunque doctrinal y jurisprudencialmente se afirmaba, con carácter general y sin discusión, la naturaleza de derecho público de las normas procesales, consideradas de cumplimiento irrenunciable y obligatorio, debe considerarse que con motivo de la reforma constitucional de junio de dos mil once, en la actualidad es en la finalidad de la norma, que tiene que mirarse en función del valor justicia, donde radica el carácter de derecho público de los requisitos procesales. Por ello, será competencia del legislador, de la jurisdicción ordinaria y de la jurisdicción constitucional, en su caso, velar porque los requisitos procesales sean los adecuados para la obtención de los fines que justifican su exigencia, para que no se fijen arbitrariamente y para que respondan a la naturaleza del proceso como el camino para obtener una tutela judicial con todas las garantías. Y si la ley no contempla expresamente esta flexibilidad, ello no será obstáculo para que el juzgador interprete y aplique la norma de una manera diversa a la prescrita, en aras de encontrar un equilibrio entre seguridad jurídica y justicia. De aquí se destaca la regla: flexibilizar lo procesal y privilegiar lo sustantivo.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO
Amparo directo 180/2012. Policía Auxiliar del Distrito Federal. 12 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Karlo Iván González Camacho.

Amparo directo 210/2012. Servigas del Valle, S.A. de C.V. 12 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Karlo Iván González Camacho.

Amparo directo 226/2012. Policía Auxiliar del Distrito Federal. 19 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Ana Lilia Osorno Arroyo.

Amparo directo 239/2012. Policía Auxiliar del Distrito Federal. 26 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: María Estela España García.

AMPARO DIRECTO 412/2012. 21 de junio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: María Estela España García.

De lo hasta aquí señalado, se puede arribar al hecho de que si la ley no contempla expresamente esta flexibilidad, ello no será obstáculo para que el juzgador interprete y aplique la norma de una manera diversa a la prescrita, en aras de encontrar un equilibrio entre seguridad jurídica y justicia, ya que la responsable de manera oficiosa argumenta situaciones de la forma de contabilizar la temporalidad para obtener la prescripción sin un precepto legal claro que así lo determine, ya que la misma se cuenta por años, como se argumentó, no habiendo un precepto de la ley que determine expresamente lo contrario como lo quiere hacer parecer la responsable.

Pero además resulta grave que no se analice la procedencia de la acción de reivindicación de la actora principal ya que la misma nunca acredito la identidad del bien, por lo que su acción carece de sustento, situación que su Señoría deberá subsanar bajo la óptica Constitucional de los derechos humanos.

Resulta relevante también,  el criterio jurisprudencial  emitido por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicado en la 10ª Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, página 1190, bajo el rubro y texto siguiente:
VÍA. BAJO LA ÓPTICA CONSTITUCIONAL DE LOSDERECHOS HUMANOS, ES UN PRESUPUESTO PROCESAL SUBSANABLE POR EL JUZGADOR. Aunque tradicionalmente la vía, entendida como la manera de proceder en un juicio al seguir determinados trámites, ha sido clasificada como un presupuesto procesal absoluto y, por tanto, insubsanable, en la actualidad bajo la óptica constitucional de los derechos humanos, esa apreciación debe considerarse superada, pues el juzgador, en respeto al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, consagrado tanto en el artículo 17 de la Constitución Federal, como en el diverso numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como a los principios de proporcionalidad, favorecimiento de la acción (pro actione) y de conservación de las actuaciones, en él contenidos, está obligado, de oficio, a corregir su incorrecto señalamiento, con la única limitante de indicar que la medida es proporcional y razonable en atención a las circunstancias concurrentes, entre las que cabe identificar la diligencia y buena fe con que actuó el interesado, así como el hecho de que esa determinación no le ocasiona a la parte contraria una restricción a sus garantías procesales. De otra manera, la vía se transformaría en un requisito procesal enervante, contrario al espíritu y finalidad de la norma y a la máxima jurídica que reza "da mihi factum, dabo tibi jus", conforme a la cual, corresponde al Juez, como perito en derecho, determinar si se actualizan las hipótesis normativas que producen las consecuencias de derecho pretendidas por el actor.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo directo 180/2012. Policía Auxiliar del Distrito Federal. 12 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Karlo Iván González Camacho.

Amparo directo 210/2012. Servigas del Valle, S.A. de C.V. 12 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Karlo Iván González Camacho.

Amparo directo 226/2012. Policía Auxiliar del Distrito Federal. 19 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Ana Lilia Osorno Arroyo.

Amparo directo 239/2012. Policía Auxiliar del Distrito Federal. 26 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: María Estela España García.

AMPARO DIRECTO 412/2012. 21 de junio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: María Estela España García.


Es pertinente al caso concreto, el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 10ª Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1; visible en la pagina 557, bajo el rubro y texto siguiente:
DERECHOS HUMANOS. REQUISITOS PARA RESTRINGIRLOS O SUSPENDERLOS CONFORME A LOS ARTÍCULOS 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 30 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.
Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que no existen derechos humanos absolutos, por ello, conforme al artículo 1o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, aquéllos pueden restringirse o suspenderse válidamente en los casos y con las condiciones que la misma Ley Fundamental establece. En este sentido, el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que las restricciones permitidas al goce y ejercicio de los derechos  y las libertades reconocidas en ésta no pueden aplicarse sino conforme a las leyes dictadas en razón del interés general y de acuerdo con el propósito para el cual han sido establecidas. Sin embargo, la regulación normativa que establezca los supuestos por los cuales se restrinjan o suspendan los derechos humanos no puede ser arbitraria, sino que los límites previstos en los invocados ordenamientos sirven como elementos que el juez constitucional debe tomar en cuenta para considerarlas válidas. En ese contexto, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos citados se concluye que los requisitos para considerar válidas las restricciones o la suspensión de derechos,  son: a) que se establezcan en una ley formal y material (principio de reserva de ley) dictada en razón del interés general o público, en aras de garantizar los diversos derechos de igualdad y seguridad jurídica (requisitos formales); y, b) que superen un test de proporcionalidad, esto es, que sean necesarias; que persigan un interés o una finalidad constitucionalmente legítima y que sean razonables y ponderables en una sociedad democrática (requisitos materiales).

PRIMERA SALA

Amparo en revisión 173/2012. 6 de febrero de 2013. Mayoría de tres votos. Disidentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo; Arturo Zaldívar Lelo de Larrea reservó su derecho para formular voto concurrente. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.


Que atento a lo antes señalado, el acto reclamado que hoy se impugna, restringe  y  suspende garantías individuales y derechos humanos de manera arbitraria, a pesar de estar establecidos constitucionalmente, específicamente el de una tutela jurisdiccional adecuada.
El artículo 1° constitucional, señala que la inobservancia de los derechos humanos y las Garantías que la Constitución y los tratados internacionales establecen es sólo la excepción, pues en condiciones normales y fuera de las limitaciones que cada precepto señala para su ejercicio, su respeto y cumplimiento por sus sujetos pasivos, a saber, las autoridades del Estado y en este caso, las autoridades responsables, es inexcusable.
Es decir, el concepto suspensión referido a los derechos humanos y las Garantías Individuales se vincula por su no observancia por las Autoridades Estatales, pero sólo bajo los supuestos y con las condiciones que preceptúa el artículo 29 Constitucional, el cual es el que contempla dicha figura; por lo que, fuera de las hipótesis que señala el último numeral citado, nuestra constitución no contempla de manera alguna la inobservancia de los derechos humanos y las Garantías  individuales que ella misma establece.
Es decir, las Autoridades señaladas como Responsables dejan de observar o suspenden en perjuicio de la promovente mis derechos humanos y las garantías constitucionales, de audiencia, y seguridad jurídica de manera arbitraria y sin encontrarse de manera alguna en los supuestos que contempla el artículo 29 constitucional.
De manera análoga sucede con el concepto restricción que también contempla el artículo 1º constitucional, pues por dicho concepto debemos entender no la inobservancia de los derechos humanos y las garantías individuales por el sujeto pasivo de la misma, sino su observancia parcial en virtud de una limitación que puede tener como causa eficiente,  por ejemplo, la moral, el orden público o los derechos de tercero; así, las limitaciones a los derechos humanos y las  Garantías Individuales serán establecidas casuísticamente por cada precepto Constitucional que contenga el Derecho Público Subjetivo en cuestión.
Lo anterior se entiende en virtud de los principios de Supremacía Constitucional y de Unidad Sistemática de la Constitución, pues sólo puede limitar una norma constitucional el contenido de otra norma constitucional y tal limitación es congruente y constitucional si se encuentra dentro de la propia Ley Suprema. 
Es aplicable al caso que nos ocupa, la Tesis Plenaria CXXXIII/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XII, Septiembre de 2000, visible en la página 27, bajo el rubro y texto siguiente:

IGUALDAD. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE SE HAGAN VALER RESPECTO A LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DELA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO PUEDEN ENTENDERSE SI NO ES EN RELACIÓN DIRECTA CON LAS LIBERTADES QUE ÉSTA CONSAGRA. Si bien es cierto que las garantías que otorga la Constitución Federal sólo pueden restringirse por disposición de la propia Ley Fundamental o por otra ley a la que la misma remita, también lo es que los conceptos de violación que haga valer el quejoso en el juicio de amparo, respecto al artículo 1o. de la Carta Magna que prevé la garantía de igualdad, sólo pueden entenderse en relación directa con las libertades que la propia Constitución consagra. Esto es, la violación que se produciría, en su caso, al artículo 1o. sólo puede advertirse de un estudio conjunto de dicho ordinal con la correlativa libertad que se arguye violada.
Amparo en revisión 295/99. Colegio Mexicano de Licenciados en Administración, A.C. 8 de mayo de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Ángel Ramírez González.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy cinco de septiembre en curso, aprobó, con el número CXXXIII/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a cinco de septiembre de dos mil.

 En efecto, la violación consagrada en el artículo 1º constitucional se inscribe en el contexto de una indebida inobservancia de las garantías de audiencia y seguridad jurídica, entre otras, contempladas en los artículos 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en concordancia con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y  del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en los artículos 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de ningún modo se han actualizado en el caso que nos ocupa, las hipótesis de suspensión o restricción que el primer numeral constitucional establece de manera inexorable.
En el caso que nos ocupa, las garantías de seguridad jurídica violadas por las responsables no establecen en su parte conducente limitación alguna para su respeto eficaz, por lo que su observancia parcial por las autoridades demandadas  viola de manera diáfana la garantía establecida en el artículo 1° de la Norma Fundamental.
En estas condiciones se hace patente la inconstitucionalidad del acto reclamado, o sea,  la violación de las garantías ya invocadas.

Por otra parte, cabe destacar que “El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado de manera sistemática con el artículo 1o. de la Ley Fundamental, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, establece el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, que se integra a su vez por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido jurisprudencialmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de su índice, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". Sin embargo, dicho derecho fundamental previsto como el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuya fuente se encuentra en el derecho internacional, y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto promulgatorio se publicó el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de la Federación. Las garantías mencionadas subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; 2. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; 3. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; 4. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, 5. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Por tanto, atento al nuevo paradigma del orden jurídico nacional surgido a virtud de las reformas que en materia de derechos humanos se realizaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, se estima que el artículo 17 constitucional establece como género el derecho fundamental de acceso a la justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén garantías o mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto constitucional citado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas o accesorias a esa prerrogativa fundamental, sino que tienden más bien a especificar y a hacer efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos preceptos de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados, atento al principio pro homine o pro personae, la interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición de justicia”[1].

Además, el acto reclamado que impugno de las autoridades señaladas como responsables viola en también en perjuicio de mi Representada el  artículo 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A efecto de ilustrar, resulta aplicable la siguiente Jurisprudencia de la Novena Época, emitida por la Primera Sala, publicada en el  Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX, Octubre de 2004, visible en la página 264, bajo el número 1a./J. 80/2004, materia constitucional; que a la letra dice:

SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERÁRQUICO NORMATIVO, PRINCIPIOS DE. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE. En el mencionado precepto constitucional no se consagra garantía individual alguna, sino que se establecen los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, por los cuales la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen, así como los tratados celebrados con potencias extranjeras, hechos por el presidente de la República con aprobación del Senado, constituyen la Ley Suprema de toda la Unión, debiendo los Jueces de cada Estado arreglarse a dichos ordenamientos, a pesar de las disposiciones en contrario que pudiera haber en las Constituciones o en las leyes locales, pues independientemente de que conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados que constituyen la República son libres y soberanos, dicha libertad y soberanía se refiere a los asuntos concernientes a su régimen interno, en tanto no se vulnere el Pacto Federal, porque deben permanecer en unión con la Federación según los principios de la Ley Fundamental, por lo que deberán sujetar su gobierno, en el ejercicio de sus funciones, a los mandatos de la Carta Magna, de manera que si las leyes expedidas por las Legislaturas de los Estados resultan contrarias a los preceptos constitucionales, deben predominar las disposiciones del Código Supremo y no las de esas leyes ordinarias, aun cuando procedan de acuerdo con la Constitución Local correspondiente, pero sin que ello entrañe a favor de las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, facultades de control constitucional que les permitan desconocer las leyes emanadas del Congreso Local correspondiente, pues el artículo 133 constitucional debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto.
Amparo en revisión 2119/99. 29 de noviembre de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz.
Amparo directo en revisión 1189/2003. Anabella Demonte Fonseca y otro. 29 de octubre de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo.
Amparo directo en revisión 1390/2003. Gustavo José Gerardo García Gómez y otros. 17 de marzo de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Humberto Román Palacios; en su ausencia hizo suyo el asunto José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jaime Salomón Hariz Piña.
Amparo directo en revisión 1391/2003. Anabella Demonte Fonseca. 31 de marzo de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada.
Amparo en revisión 797/2003. Banca Quadrum, S.A. Institución de Banca Múltiple. 26 de mayo de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo.
Tesis de jurisprudencia 80/2004. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintidós de septiembre de dos mil cuatro.


En efecto, tal precepto constitucional establece lo que la doctrina ha denominado “Supremacía Constitucional”, que no es otro concepto por el que todas la legislación que integra el sistema jurídico mexicano, a saber leyes ordinarias, normatividad reglamentaria y los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo de la Unión con la aprobación del Senado de la República, deberán supeditarse, de modo absoluto, a las disposiciones de la propia Ley Suprema.

Ahora, es menester considerar que, dada la fundamentalidad y la naturaleza jurídico-política de la Constitución, esta última contiene una serie de elementos sustánciales y estructurales a cumplimentarse por los ordenamientos que la desarrollan; estos son:

Elemento formal: La Ley Suprema estable el procedimiento de elaboración y reforma de la legislación secundaria, tales como lo son las normas señaladas como acto reclamado en este Juicio de Amparo, dicho procedimiento se estructura de tal manera que las disposiciones legislativas emanadas del mismo sean fruto de un estudio ponderado, en el que las mayorías parlamentarias aprueben la norma en cuestión fundadas en argumentos racionales; ahora, a efecto de cumplir con tal finalidad, el mencionado procedimiento legislativo se encuentra estructurado de manera lógica, cronológica y teleológica, es decir, cada una de las etapas del procedimiento legislativo es presupuesto de la siguiente, las cuales se desarrollo sucesivamente en el tiempo y todas van enderezadas a la realización de un fin especifico, a saber, la aprobación de una disposición formalmente legislativa.
Lo anterior se traduce en que una norma puede adolecer de vicios de inconstitucionalidad si durante el procedimiento legislativo no se observaron las disposiciones que al efecto marca la propia Constitución.  

Elemento sustancial: Este se refiere al contenido particular de cada precepto constitucional, en el cual se expresa la voluntad del constituyente respecto a la esencia del cuerpo político que la Ley Fundamental organiza, respecto al modo de ser del Estado, y de los mismos se deriva la funcionalidad de este en la relaciones de supra-ordinación, supra-subordinación y en plano de igualdad.

La violación a normas de este tipo deriva también en un vicio de inconstitucionalidad del acto de autoridad impugnado, como lo es el caso de las normas generales, abstractas e impersonales objeto de la presente litis.

 Elemento teleológico: Este se encuentra constituido por la finalidades a las que aspira el Estado mexicano, utilizando al texto constitucional como instrumento jurídico-político y las cuales son derivadas de su estructura normativa; dichos principios en ocasiones no se encuentran plasmados de manera expresa en algún precepto constitucional, sino que es necesario recurrir a criterios de interpretaciones  a; dichas finalidades son en el caso mexicano, por mencionar algunos:

1)  La protección de los derechos humanos;
2)  La justicia social;
3)  La rectoría del Estado de la economía nacional;
4)  Federalismo;
5)  Forma de gobierno Republicana y
6)  Separación entre Iglesia y Estado.

Los anteriores principios, que la doctrina alemana llama “Decisiones Políticas Fundamentales” son también vinculantes para el legislador constituido, pues tales “Decisiones Políticas Fundamentales” determinan el modo de ser de un Estado determinado; en el caso mexicano, y como ya se mencionó, uno de los principios rectores que inspiraron al Constituyente Permanente en el 2011, lo son, la protección de los derechos humanos.

Es el caso que se debe precisar a este órgano colegiado que se solicita la Causa de Pedir, lo anterior, sin que pase desapercibido para el que suscribe que dicha causa tiene parámetros mínimos para tener por eficaz la solicitud planteada tales como el hecho en sí, de solicitar la aplicación del principio pro persona se señale también cual es el derecho humano cuya maximización se pretende, se indique la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación más favorable hacia el derecho fundamental restringido y se precise los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles, además con la incidencia en la estimación de que el acto reclamado es inconstitucional o inconvencional, derivado de lo anterior se debe anotar  a el Colegiado que se invoca para la resolución del presente amparo que:
a)    Se solicita expresamente la aplicación del principio pro persona.
b)    El derecho humano que se invoca es el del artículo 8 de la Convención americana sobre derechos humanos (pacto de San José) y por el artículo 14 punto 1 del pacto internacional de derechos civiles y políticos referente a las debidas garantías en un proceso judicial.  
c)    La norma que debe preferirse en su aplicación es el artículo 80, 81 y 278 del código de procedimientos civiles para el Estado de Baja California Sur y los motivos para preferirlos sobre otras normas es que son normas de forma que su estudio es preferente sobre el fondo, específicamente la forma en que deben de ser realizadas las sentencias, además de que el demandado debe acreditar sus excepciones con pruebas idóneas e incluso el hecho de que en la sentencia se debe relacionar las probanzas.
d)    Es claro que tales actos señalados son inconstitucionales e inconvencionales ya que violan el artículo 1, 14, 16 y 133 de nuestra Constitución como violenta el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos y el artículo 14.1 del pacto internacional de derechos civiles y políticos referente a las debidas garantías en un proceso judicial.
Lo anterior bajo los argumentos y razonamientos expuestos a  lo largo del presente escrito y que dejan de manifiesto que las responsables no fundamentan su competencia, usan fundamentación indebida o inaplicable, violentan el principio de equidad de las partes, no atienden las disposiciones formales de que el demandado debe acreditar sus excepciones, la sentencia no es exhaustiva, congruente y clara, incluso omite el análisis respecto de una demandado, además de no ingresar al tema de fondo planteado.


TERCERO: Que  las determinaciones ahora combatidas claramente causan agravios al suscrito ya que existen violaciones de forma y a los principios de legalidad y seguridad jurídica, además a las leyes del procedimiento, específicamente las contempladas en el artículo 172 fracción III y XII, señalando además que conforme al artículo 172 párrafo segundo de la Ley de amparo no es exigible el requisito que estas violaciones hayan o no sido alegadas en el trascurso del juicio o en lo agravios de la respectiva apelación ya que sostenemos que dichas violaciones es contrario a la Constitución y a los Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.
A.   Es el  caso que del Juez responsable tenemos las siguientes violaciones:
1.    No señala fundada ni motivadamente su competencia Constitucional ni legal para conocer del presente caso sin perjuicio que fundamenta su competencia para conocer del caso en un acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado en sesión extraordinaria de fecha 27 de junio de 2013, sin especificar que numero de acuerdo fue, ni que fundamentos de la Ley Civil aplicable y de la Constitución Federal le otorga competencia, situación que vulnera los principios de legalidad y seguridad jurídica conforme el artículo 1, 14 y 16 de la Constitución Federal en los términos ya anotados a lo largo del presente escrito.
2.    Violenta el principio de equidad de las partes ya que declara procedente una excepción de la parte demandada Gobierno del Estado de Baja California Sur, cuando la misma no aportó prueba alguna, o cuando menos, no se aprecia así en el considerando IV de la Sentencia combatida ya que la responsable da pleno valor al dicho de la demandada sin que esta acredite su excepción con probanza alguna, además los razonamientos de la responsable son tendientes a señalar que la parte actora no probó su acción, situación que es completamente distinta al hecho de que la demandada haya probado su excepción, situación contraria al artículo 278 del Código de procedimientos civiles aplicable ya que dicha disposición es clara al señalar que el demandado debe probar los hechos constitutivos de sus excepciones hecho que en el caso que nos ocupa no aconteció,  esto vulnera claramente el principio de legalidad y seguridad jurídica contemplados en el artículo 14 y 16 Constitucional y las formalidades del procedimiento ya que una etapa dentro del juicio ordinario civil es el ofrecimiento y admisión de pruebas y por ende posteriormente su desahogo, siendo el caso que la demandada no las ofreció en términos de ley y la responsable tiene por acreditando sus excepciones de manera irregular, violentando además el artículo 80 del código de procedimientos civiles vigente y aplicable para el Estado de Baja California Sur que indica que las Sentencia deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y contestaciones, siendo en el caso en particular que estamos ante una Sentencia obscura, imprecisa e incongruente con la demanda y las contestaciones ya que declara procedente una excepción de una de las demandadas sin que esta ofreciera probanzas idóneas, sin dejar de mencionar que omitió completamente analizar y resolver sobre la diversa demandada, situaciones que afectan al suscrito bajo los argumentos ya expresados en el presente escrito y no reitero para obviar repeticiones.
3.    Que la responsable violentó lo dispuesto por el artículo 81 del Código de procedimientos civiles vigente y aplicable en el Estado ya que omitió realizar una relación sucinta de las pruebas rendidas y la apreciación de estas ya que en la determinación combatida declara procedente una excepción sin que haya pruebas de por medio, cuando menos la omisión de relacionar las referidas probanzas, situación que va en contra de la Constitución Federal y de los Tratados Internacionales aplicables, tal como se ha señalado a lo largo del presente escrito y no reitero para obviar repeticiones.

B.   Es el  caso que del Magistrado señalado como autoridad responsable tenemos las siguientes violaciones:
1.    No señala fundada ni motivadamente su competencia Constitucional ni legal para conocer del presente caso, ni que fundamentos de la Ley Civil aplicable y de la Constitución Federal le otorga competencia, situación que vulnera los principios de legalidad y seguridad jurídica conforme el artículo 1, 14 y 16 de la Constitución Federal en los términos ya anotados a lo largo del presente escrito tal como se aprecia de la lectura de la determinación de fecha 09 de marzo de 2016 ya que no señala en ninguna de sus partes la competencia de dicho órgano jurisdiccional.
2.    En la parte final del considerando tercero señala que por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 1336, 1337, 1338, 1339 y demás relativos y aplicables del Código de Comercio en vigor para el Estado,, es de resolver y se resuelve. Situación que vulnera los principios anotados ya que nos encontramos ante la materia civil y es una apelación derivada de una sentencia civil, por ende hay una indebida fundamentación, situación que vulnera la garantía de seguridad jurídica y de legalidad conforme el artículo 14 y 16 Constitucional bajo los argumentos anotados en el presente escrito, sin que sea necesario su reiteración para evitar el obvio de repeticiones.
3.    Que además fue omisa en estudiar el fondo del asunto y además de analizar las violaciones en la Sentencia del Juez responsable, ya que son violaciones evidentes y contundentes que trascienden al resultado del fallo.
4.    Que la responsable violentó lo dispuesto por el artículo 1 Constitucional tal y como se ha anotado ya que no respeto ni previno la violación a los derechos humanos del suscrito ya que las violaciones del Juez responsable son tan claras que el Magistrado responsable debió de haber estudiado dichas violaciones.

Solicitud de suplencia de la queja con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 fracción VI de la Ley de amparo  ya que en el caso particular existe una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1 de la propia ley de amparo en su fracción III, ya que se violentan derechos humanos como lo son los contemplados en el artículo 8 de la Convención americana sobre derechos humanos (pacto de San José) y por el artículo 14 punto 1 del pacto internacional de derechos civiles y políticos referente a las debidas garantías en un proceso judicial, específicamente en la forma que se deben emitir los fallos judiciales y en el caso en particular tenemos que se vulneran de manera evidente los artículos 80, 81 y 278 del Código de procedimientos civiles para el Estado de Baja California Sur por los argumentos expresados en todos y cada uno de los puntos del presente escrito y específicamente ya que las resoluciones combatidas no son claras ni precisas ni congruentes con lo expuesto por la demandada y su contestación, ni resolviendo sobre la totalidad de los puntos litigiosos planteados, tampoco contiene una relación sucinta de las probanzas ofrecidas por las demandadas, ni la apreciación de estas y sus consideraciones jurídicas que sirva de apoyo a la decisión, pero tampoco el hecho de que el demandado debe probar los hechos constitutivos de sus excepciones. Situaciones todas ellas que no se observaron por las responsables, violentando así las garantías consagradas en el artículo 14 y 16 Constitucional, así como los tratados internacionales anotados.

Situaciones en su conjunto que vulneran claramente los derechos y garantías del quejoso y que he señalado a lo largo del presente escrito.
Por lo anteriormente expuesto y fundado a ustedes Magistrados atentamente PIDO:
PRIMERO: Tenerme por presentado con el presente amparo directo en términos de lo dispuesto por los numerales 103 y 107 de nuestra constitución política, y artículos relativos de la ley de amparo.
SEGUNDO: Dar trámite al presente conforme a la ley de la materia y previo los trámites necesarios dictar sentencia otorgando el amparo y protección de la justicia federal al suscrito.

PROTESTO LO NECESARIO


La Paz, Baja California Sur A, su fecha de presentación.


C. Héctor Martín Ojeda De la Rosa.




[1] [J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1096