lunes, 7 de agosto de 2017

contacto político 307, minilic, ruffo,

Flamante rata

JUAN CARLOS GONZÁLEZ BAREÑO

Secretario general del ayuntamiento de La Paz


De pronto lo vi dentro de mi oficina.
Entró como Juan por su casa, traía la cola entre las patas.


De pantalón azul y camisa blanca Juan Carlos González Bareño a rajatabla me dijo que le echara la mano pues Narciso Agúndez Montaño los quería meter al bote a él y a Ramiro Ruiz.
Tres años antes Lucio Espinoza Chavira me invitó al hotel Baja donde estaría el fiscal de la federación que se encarga de darle seguimiento a las raterías de lo funcionarios públicos. (Fiscal de la función pública) De entrada no acepté la invitación, entonces cambió de estrategia. Me pidió -- Ok, acompáñame – y ahí no pude rehusarme pues no iría a hacerles el caldo gordo a los funcionarios, acompañaría al amigo como su guarura.
En salón especial coronaban el presídium Narciso y Rosadelia por lo que me negué a entrar, pero la insistencia de Lucio hizo que tomara asiento en la fila de atrás. Delante de mí quedaron Ramiro y Juan Carlos, a quienes no había reconocido pues estaban de espaldas. Seguramente alguien les hizo señas pues los dos voltearon al mismo tiempo a saludarme. En eso llegó muy atento Chavira con un refresco de lata y un par de galletas que dejó en mis manos.
-- Ve pa’ ya – me dijo Juan Carlos dando a entender que fuera a su oficina. Había batallado con ellos, con Ramiro y Juan Carlos,  por seis meses por un crédito para la edición del libro Libertad Interna, préstamo que no acepté pues querían que la impresión se hiciera en el negocio de Juan Carlos que tiene como prestanombres a su hermano.



    Fachada de la imprenta de Juan Carlos


Imprenta que Juan Carlos González Bareño utilizaba para robar ‘limpiamente’ los dineros de banco Social del Estado de BCS, Sita en Guillermo Prieto y 5 de febrero

El libro le editó la Imprenta La Paz por sólo 10 mil pesos, contra 120 mil pesos que quería ‘prestarme’  a través del banco Social. Tiempo después si acepté 10,630 pesos para la compra de equipo de cómputo y, como ‘se traspapeló el crédito’ Juan Carlos quería que le firmara de nuevo. Le firmé con tal de que no lo metieran al bote, no sólo por esa cantidad, desde luego, sino que con ese ‘reconocimiento’ logró parar un poco la persecución que le hacían por otro billete que le dio al Moyeyo, dinero que le correspondía a un Loretano.

Juan Carlos acusó al jefe de prensa, delante del sobrino del presidente municipal, de haber suspendido discrecionalmente los convenios de publicidad, ese fue el pretexto con el que obligaron al primer jefe de prensa a renunciar, pero la verdad es otra, quería seguir robando ahora junto a otro sobrino de Armando Martínez Vega, por cierto acusado de cobrar por la plaza en La Paz BCS, Álvaro Orlando Gerardo Cabanillas, a quien lo ‘enfría’ como su secretario particular pues hay una investigación en la PGR en su contra por nexos con el narcotraficante Inés Zamudio, y por haber participado en el asesinato de un joven de San Carlos.




Pactada
La entrega del Minilic
Así lo hizo el líder del cartel del Golfo.


El 14 de enero de 1996, 14 agentes de la PGR, comandados por un mp federal, entraron al rancho de Juan García Ábrego quien ya los estaba esperando con su perro fiel al lado – Don Juan – le dice el mp federal – venimos por usted.
El poderoso líder del cartel del Golfo se levantó de su mullido sillón y se encaminó a la puerta junto a los agentes que lo escoltaron como custodian los diputados a algún invitado especial a su salón de sesiones.
La del minilic fue distinta. Luego de hablar con su papá, Dámaso López Serrano se entregó el 26 de julio pasado, en el puente de Calexico, California USA, a los agentes de la DEA que previamente habían hablado con él en su natal El Dorado, Sinaloa, México.
La DEA así trabaja. Primero habla con los que va a detener, les promete protección a testigos y les hace ver los pros y los contras, como lo hizo con El Capi o El Mexicano en la cárcel de La Paz BCS, detenido por las fuerzas armadas de México quien lo habría detectado en una casona de las calles Márquez de León y Altamirano, donde despachaba Arturo Rubio Ruiz (mientras Manuel Rodríguez López estaba en el cereso)
El minilic llegó en punto de las 7 de la mañana al puente que une las ciudades de Mexicali, BC con Calexico Cal, donde oficialmente tramitó su entrega a sabiendas de que su papá, Dámaso López Núñez, alias El Licenciado, lo estaría esperando en las oficinas de la DEA en esa ciudad fronteriza.
El convencimiento se logró luego de que agentes de la DEA le hicieron ver que su vida pendía de un hilo pues los hijos del Chapo lo habían ‘palomeado’, además de que La Marina de México lo traía entre sus prioridades por la muerte de seis de sus elementos en una emboscada que realizaron en Badiraguato Sinaloa para rescatar a un herido que bajaron de la ambulancia militar y se lo llevaron con rumbo desconocido y, una vez detenido y encerrado en una celda de México, lo matarían pues su cabeza tenía un precio en el grupo que comandan los hijos del Chapo por el secuestro de estos en la discoteca La Leche.
Dámaso padre fue detenido el 2 de mayo de este año en la colonia Anzures de la Ciudad de México luego de que la DEA le diera el pitazo a los marinos para, enseguida, redireccionar el boletín de prensa como una detención de la PGR con un grupo de agentes de la AIC (Agencia de Investigación Criminal)

La noche del 31 de agosto de 2014, El Barbas (minilic) estuvo en el hospital Salvatierra donde atendían al Rayo, después de que se dejara pegar un balazo en la nalga para ‘acreditar’ su no participación como ‘dedo’ en la traición llevada a cabo en el kilometro 8, esa misma noche, luego de que Los Cero Cero no quisieron entregar la plaza al grupo de Los Dámasos.
Tomado de la revista Contacto Político 286:
Al no ponerse de acuerdo, el 31 de julio de 2014 trataron de pactar policías del estado, los Dámasos y la gente de Luis Montoya por la plaza de la ciudad La Paz pero al llegar el Rayo, de quien se supone acomodó las piezas para la reunión en el kilómetro 8 de la carretera La Paz a Los Planes, los integrantes de tres vehículos ‘todo terreno’ que se encontraban escondidos entre los matorrales empezaron a disparar sobre otros tantos autos que conducían los del ‘encuentro cumbre’ entre los que destacaban el Pantera, el Betillo y el Ferrari mismos que cayeron abatidos a tiros, y dejando con una bala en sedal sobre la nalga al Rayo quien fue llevado por agentes ministeriales al hospital Salvatierra para su atención médica.

En los momentos en que levantaban al herido, los vehículos todo terrenos salieron dentro de la espesura, bajo las sombras de la noche sin que los policías hicieran algo por detenerlos, solo se limitaron a observar que tomaban rumbo a La Paz donde vecinos de las colonias Agua Escondida, Correcaminos, los vieron pasar para salir cerca del panteón Jardines del Recuerdo con rumbo a la carretera al sur por donde se encuentran las oficinas de la subsecretaría de seguridad pública.

En el nosocomio estaban gente del Rayo, uno de ellos fue reconocido por un coronel de las fuerzas armadas como el Barbas, mismo que se dio cuenta de la identificación por lo que, a como pudo se escabulló por entre la gente al momento de que interrogaban al herido.

Las indagaciones apuntaban a la participación de cuando menos 4 policías de la subsecretaría de seguridad pública entre los que se encuentran Aurelio Parra Mungaray, Fernando Estrada (el Mono) Martín Aceves y Rubén Romero que curiosamente al día siguiente de los hechos dos de ellos fueron reportados como desaparecidos por sus familiares quienes no mostraban tristeza al momento de la denuncia ministerial.

Al día siguiente de los hechos del 31 de julio de 2014, el periodista Jacinto Romero se enteró que en el kilometro 8 de la carretera de La Paz a Los Planes BCS habrían asesinado a tres mañosos, quedando herido uno más. Con los números de placas de los autos y la de una cuatrimoto dejados en el lugar, se dirigió al departamento de tránsito para conocer el nombre de las personas que aparecieran como dueños de los mismos.
De inmediato, al tener los nombres, en su cuenta de Twitter dio a conocer poco más que los diarios, pero un tipo que sirve como secretario en las oficinas de los senadores del PAN trató de desacreditar su información preguntando dolosamente que si a quién chantajearía con esa información. Eso permitió que Jacinto ya no le diera seguimiento públicamente a los hechos que a partir de ese momento aterrorizaron (y aterrorizan) a los habitantes de la ciudad La Paz.
Vehículos que traían los amigos de un secretario de los senadores Choyeros. (foto sólo en la revista impresa)




Ruffo fue hecho por priistas
El general Valdivia entre ellos
No querían a Mercado

Adán Ruffo Velarde fue presidente municipal gracias al hartazgo ciudadano que deseaba al PRI fuera del poder. Para ello operaron muchos priistas a favor del Chóforo y de Adán (en La Paz, sobre todo, nos tocó ser testigos de tal comprenda)
No querían a Guillermo Mercado Romero y menos a los pillos que lo acompañaban.
Los priistas regionalistas querían al Antonio Manríquez Guluarte pero este cedió a la presión de su partido gracias a los regalos que le hicieron. En aquel entonces se dijo de una casona con valor de mil millones de viejos pesos que estaba en la punta del cerro que compone la exclusiva zona de Lomas de Palmira y Club del Cortez, según pasas la Colina del Sol de Pancho King, rumbo a Palmira. (Foto Google earth)
(foto sólo en la revista impresa)
Residencia que la vox pupoli empezó a señalar como el lugar dónde el Tony Manríquez se refugió con casa ‘nueva’ en la zona exclusiva de Palmira después de ‘aceptar’ no ser el candidato del PRI. Como sabemos el PRI no ganó las elecciones de 1993 pero la concertacesión no respetó la voluntad popular.

Luego entonces las aspiraciones del Adán Ruffo Velarde son solo eso, aspiraciones guajiras pues no se ve un grupo de políticos (pesados) que le apoyen, a no ser que algún cartel de las drogas lo que irá imponer pues como sabemos su gobierno fue intolerante con el vago, pero complaciente con los narcos internacionales, con su grupo táctico de Los Tiburones que ningún pesado detuvo, por cierto.
Ruffo mandó encerrar, junto al chorizo Ortega, al Pedro Enrique que les descubrió una serie de irregularidades en transportes, contando con ello con la complicidad de Teódulo Sanmiguel y el juez Víctor Arcadio Viveros Villa (preso recientemente por su relación con el narco, pero liberado inmediatamente gracias a una orden superior del cártel de Sinaloa)
Ruffo peleó con los mercadistas, ese es su único mérito, que no lo dejaban trabajar sacando incluso a la calle una planta eléctrica para generar energía para sus necesidades en las instalaciones del palacio de piedra que ocupaba como oficinas del ayuntamiento paceño pues ni para pagar a CFE tenía.
El hijo de la güera Velarde al buscar la nominación como candidato de un partido distinto al que lo llevó al poder, muestra que si tiene un padrino que lo alienta, de lo contrario si es locura temporal pronto lo veremos en Chametla donde le higienizarán la mente pues sabe bien que no tiene ni méritos ni propuestas para gobernar de nuevo un municipio ávido de seguridad, servicios públicos, espacios recreativos, trabajo, etc, esto es, desarrollo sustentable en beneficio del pueblo.

domingo, 9 de julio de 2017

Sempra Energy

Sempra Energy
Una maraña de corrupción
Tiene a los mejores pillos del mundo

Muchos intereses e interesados en que Sempra continúe comprando voluntades en México a muy alto nivel. Los directivos de Sempra se han caracterizado por magnificar la corrupción entre políticos, presidentes municipales, gobernadores, secretarios de estado, jueces y secretarios de distrito y, desde luego lo seguirán haciendo mientras la corrupción no sea castigada en México.


Sempra Energy instaló una parte de su compañía en terrenos propiedad de Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, desde luego sin que le notificaran a su dueño pues los pillos que le vendieron el terreno a la corporación gasera se valieron del conflicto de intereses al tener la información de la instalación de tan grande empresa en el municipio de Ensenada pues la planta de San Diego Cal, recién había sido clausurada por los riesgos que representaba.
Los conocedores de la materia aseguran que el presidente municipal de aquella época recibió 7 millones de dólares para permitir su instalación, aún en riesgo de la vida de seres humanos y flora y fauna de la región.
El 11 de febrero de 2011, ante las presiones sociales, el presidente municipal de Ensenada, Enrique Pelayo Torres colocó sellos de clausura en la planta e inmediatamente su líder nacional Beatriz Paredes presionó para que retirara los sellos y dejara trabajar a la planta, pero Pelayo sentía mayor presión social y, como sus aspiraciones era llegar a la gobernatura, no cedió a las presiones no sólo de su líder nacional, sino de la de embajada de EEUU. Pelayo mostró documentos donde la trasnacional había violado el uso de suelo y el Plan de Desarrollo Urbano del ayuntamiento. Ante ese argumento Beatriz Paredes ya no insistió.
Suple a la dama Humberto Moreira y, de inmediato, junto a Luis Téllez, entonces presidente de la Bolsa Mexicana de Valores (exministro de Energía con Zedillo) trató de convencer a Pelayo para platicar con los más altos ejecutivos de Sempra México, siendo estos, Carlos Ruiz Sacristán y Darcel Hulse, el primero exministro de SCT en la administración de Ernesto Cedillo.
A finales de mayo de 2011, John D. Feeley, subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental y corresponsable de acomodar la Iniciativa Mérida para los planes aviesos de los gringos, sacó información privilegiada en contra de Pelayo pues a su hijo se le relacionó con un fuerte depósito bancario por un soborno, además de que los gringos amenazaban con militarizar la frontera, cancelar la visa del presidente municipal y, desde la federación presionaba al edil por invadir competencias que no le correspondían. Cedió.
Para mayor apertura legal, Téllez y Sacristán, éste secretario de la SCT con Felipe Calderón, (por intereses personales) influyeron para modificar el título de concesión portuaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2007.
Desde luego que los leguleyos al servicio de Sempra habían conseguido un amparo para seguir trabajando aún con los sellos puestos y en lo mediático parecía que Ensenada no permitiría operaciones de Sempra en sus alrededores, como no lo permitió San Diego en su momento.



El Economista destacó: Se menciona que las acciones emprendidas por el gobierno municipal derivan de una serie de irregularidades y violaciones a diversos artículos de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado, durante la instalación de dicha empresa en las zonas aledañas al corredor turístico Tijuana-Ensenada.
El alcalde de Ensenada, Enrique Pelayo Torres detalló que los artículos que fueron incumplidos son 1, 4, 5, 6, 47, 83, 84, 85, 136, 138 y 140 de dicha ley, así como el incumplimiento de lo dispuesto en los puntos 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 del Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor Costero Tijuana – Rosarito – Ensenada.
“Estamos velando en todo momento por la integridad física de cada uno de los habitantes de Ensenada ante una eventualidad y atendiendo los exhortos emanados del Congreso de la Unión y del Congreso del Estado, en donde se le instruye al 20 Ayuntamiento de Ensenada a que investigue, revise y actué en consecuencia referente a las instalación y operación de la empresa Energía Costa Azul”, indicó Pelayo Torres.
Explicó que la suspensión definitiva otorgada por un juez no limita las acciones que deba ejercer el ayuntamiento de Ensenada para llevar a cabo el cumplimiento de la ley, por lo que la institución municipal tomó la medida del cierre total temporal de Energía Costa Azul.
Por otro lado, el primer edil ensenadense dijo que las autoridades realizaron una minuciosa revisión así como las verificaciones correspondientes al expediente de Sempra Energy en Baja California donde encontraron graves irregularidades como la expedición del permiso de uso de suelo que otorgó el entonces Presidente Municipal del 17 Ayuntamiento de Ensenada,  Jorge Antonio Catalán Sosa, sin tener facultades legales individuales para expedir dicho permiso.
Asimismo, destacó que a la fecha la empresa Energía Costa Azul no ha entregado al municipio el manual de riesgo de operación, en donde se contemplen las alternativas e indicaciones a seguir en caso de alguna emergencia o circunstancia que ponga en riesgo a los habitantes de Ensenada. Por tal motivo se establece que no existe un plan de prevención contra dicho riesgo.
Además de no contar con un centro local para atender emergencias, y esta se encuentre debidamente equipada con aparatos e infraestructura de bomberos y paramédicos.
Pelayo Torres agregó que las autoridades municipales carecen de la información técnica sobre la tubería, ductos, válvulas y demás sistemas de seguridad, que permitan estar en condiciones de impulsar las medidas conducentes que salvaguarden a la población mediante la implementación de medidas oportunas a cargo de la Dirección de Protección Civil.
Asimismo agregó que la planta debería contar con un seguro contra riesgos, y tener como beneficiario al municipio de Ensenada, a efectos de garantizar el pago de los daños provocados ante un supuesto incidente.
Por otro lado el alcalde de Ensenada, comentó que expertos en la materia cuestionan el por qué la empresa regasificadora de Energía Costa Azul no cuenta con una Zona de Exclusión Térmica o de Amortiguamiento, lo que pudiera generar un accidente en grandes proporciones.
Ante estas investigaciones, el municipio de Ensenada concluyó en clausurar temporalmente las instalaciones de Sempra Energy en el Estado.
Se ampara y un juez de distrito ordena que dejen trabajar a la industria de gas licuado……..El Economista febrero 11 de 2011

A partir del levantamiento de sellos los medios de comunicación al servicio de la empresa internacional han publicado bondades de Sempra, dejando de lado su verdadero papel de comunicar con la verdad de los riesgos que la operación de la planta conlleva, y del robo de terrenos a sus verdaderos dueños, un sudcaliforniano entre ellos.
Ramón Eugenio Sánchez Ritchie ha peleado contra los titanes de la corrupción pero un nuevo acuerdo del colegiado le da esperanzas de que la compañía le pague los daños por el robo de su terreno y que Sedatu le reponga las 192 hectáreas que malamente permite su utilización.



                            

A pesar de que el Colegiado pretende enderezar lo que desde un inicio está mal, personal del departamento jurídico de Sedatu se apersonaron el viernes 7 de julio de 2017, a las 10:18, con el secretario de acuerdo del colegiado, jurisdiccional para influir ($) y que se re conozca que Sedatu no actúo mal.

Sólo queda esperar si el ministro permite el crimen jurídico.

lunes, 17 de abril de 2017

Max Rodríguez, periodista asesinado.


Otro más de La Hermandad.
A los periodistas los matan por encargo
Los grupos violentos respetan al periodista, pero cuando alguien que trabaja para, o con ellos, les piden que maten a este o aquel, se convierte en orden y los matones a sueldo ejecutan el deseo que se hizo mandato. Luego entonces ¿a quién beneficia la muerte de Max Rodríguez?
O ¿Es la ejecución de Max Rodríguez un acto de intimidación para el gremio periodístico?
Ofendió Max Rodríguez a algún político?
Vayamos por parte.
Se recuerda que a través de Arturo Rubio Ruíz exhibió al procurador de Narciso Agundez y cuñado de Rosadelia en un video que se transmitió a nivel nacional y que aún se encuentra en YouTube, (  https://youtu.be/P4HfUumFFuU ) de ser los secuestradores, torturadores y utilizadores de violencia para saciar sus bajos instintos y que ninguna autoridad federal les puso coto a sus acciones, incluso a uno de los subsecuentes  procuradores en días pasados lo nombraron delegado de la pgr.
En aquella ocasión otras plumas exhibieron a todo el equipo de seguridad de ser ellos quienes mataban, encarcelaban, traficaban, vendían droga, y para su mala suerte Max era el vocero de la procuraduría, puesto al que mejor renunció delatando la podredumbre del sistema impuesto por los perredistas de Leonel Cota Montaño.
Como se sabe, el periodista Antonio Alcántar López fue muerto por órdenes de Leonel Cota Montaño; (jefe visible de La Hermandad- o chivos prietos) a través de su brazo armado, Joel El Coreano Martínez  Rosas, (libre tiempo después -por falta de pruebas jejejeje)
Al periodista Víctor Bancalari lo golpearon en La Tinaja del Diablo, y luego en el varadero de Abaroa, hasta que, al llegar a su casa perdió la vida porque, dijeron los de la procuraduría, se cayó en el baño, se golpeó la nuca y se murió (otra vez risa sarcástica jejejejeje)
Al periodista José Agustín Reyes Agustin lo asesinó un soldado pero jamás fue sentenciado por ese delito pues los mercadistas lo protegieron. Trascendió que el corresponsal de Gran Cadena Rasa y de El Heraldo de México presionaba a los dueños de la cocaína que fue encontrada atrás de embarcaciones Díaz (2.7 toneladas) y que era resguardada por gente del PRI que son, han sido y serán funcionarios públicos.
Más antes, en los años 50's del siglo pasado, el matón del gobierno acomodó las cosas para 'demostrar' que el periodista y escritor Fernando Jordán se habría suicidado (sin motivo alguno) pues molestaba al exjefe del PRI nacional, exministro de la defensa nacional y exgobernador de BCS.
Pancho King, uno de los primero en llegar a la escena del crimen (como lo hacía últimamente Max Rodríguez) escribió que sobre un camastro vio el cadáver rígido de Fernando tapado con una sábana que deslizó a un lado para ver sobre el pecho un círculo de pólvora de 15 cm de diámetro, en el centro un orificio de bala con restos de sangre.
Enseguida relata el parte oficial donde la policía dijo que el cadáver sostenía una pistola, sobre una mesita se encontraba una máquina de escribir, y sobre la máquina dos cartas. Una dirigida al mayor Abente (dándole las gracias por la hospitalidad) y la otra para que se le regresara a un comerciante un tractor que había pedido fiado.
King relata que los panaderos (que trabajaban a 50 metros de la escena del crimen) después de que los entrevistó: escucharon, mientras caía una llovizna, por la madrugada, un disparo de arma de fuego. Que ellos pensaron que se trataba del mayor Abente que le disparaba a algún gato de los que pululaban por el vecindario.
Al periodista y escritor lo enterraron sin más averiguaciones pero años después (1997) vino a BCS el también escritor y periodista Federico Campbell, quien fue llevado por Mario Santiago y Eliseo Zuluaga a San Juan de la Costa donde entrevistó a Guillermo Almaráz, (prestanombres de Fernando Jordán) En esa entrevista dijo Guillermo que a él le habían dicho que se había matado con su pistola, pero una semana después de la muerte, agregó Almaraz, vino el mayor Abente por la pistola y la máquina de escribir que tenía Fernando en una casita que había construido (señalando con el índice el lugar) allá, en medio de las datileras que sembró un año antes de su muerte. (La nota periodística de Pancho King habría sido publicada en la revista Compás de Mario Santiago, antes de la llegada de Campbell a San Juan de la Costa.
Ahora bien, consultando a peritos en la materia, dicen que para que un cadáver presente un círculo de pólvora de 15 cm de diámetro, el disparo debió haber sido hecho a 25 cm de distancia del cañón del arma y el pecho de la víctima. Entonces no fue suicidio. Queda claro que lo mataron mientras dormía.
Pero volviendo a Max Rodríguez, descubrió éste algo grueso? Después de su muerte trascendió que pensaba denunciar algo jediondo.
Puso en un predicamento Max Rodríguez la relación Damaso, minilic, Cártel Nueva Generación, o de los Arellano Félix con algún funcionario de seguridad pública después de la ejecución del comandante de la policía estatal.

O Alguien se valió del momento para desacreditar a la actual administración y cobrar venganza por alguna afrenta?
Si fuera así, a quien o a quienes les beneficia esta muerte:
La muerte de Burgoin sirvió para desacreditar a Esthela Ponce, eso quedó claro.
La muerte de Antonio Alcántar sirvió para desacreditar al peinadito
El asesinato de José Agustín sirvió para proteger a los narcomercadistas y de paso torcieron el móvil para perjudicar a este redactor.
El "suicidio" del escritor Fernando Jordan fue para proteger al general Agustin Olachea Aviles.
Max hizo algo fuera de toda lógica.
Acompañó a un compañero de la nota roja a la escena del crimen donde perdiera la vida el comandante Chavita, en las afueras del CERESO de La Paz. Ahí se blanqueo, esa actividad no le correspondía pues como dijera su compañero: no somos expertos en balística (ni en hacer hablar a la reina de las pruebas)
La muerte del comandante de la policía estatal también está cubierto con el velo del misterio y, desde luego, con la participación de alguien que está dentro de esa corporación.
Max, sin desearlo, golpeó el Ego de alguien que reacciona con el instinto y fue palomeado desde ese momento para que le pusieran cola. A veces exageramos en nuestra labor informativa y prendemos los focos rojos de los implicados en la maldad.
Un exdiputado local del pan, dijo que uno de los tres grupos violentos habría asesinado a Max. De dónde sacó esa conclusión? Si a los periodistas los matan por encargo de alguien, como ya se dijo, ya sea de quienes ostentaron poder o de quien trabaja para ellos, entonces ¿porque aseguró eso?
En 48 años estudiando el comportamiento humano alguna vez leí el perfil del delincuente y, el médico Jose Antonio Elizondo López les regaló un artículo a los grupos de autoayuda que tituló síndrome de la borrachera  seca, donde da un simil a ese perfil del delincuente. O sea, casi generalizando, ahora sí que observando a través de esos 48 años, el 95% de la población trae en sus genes el perfil del delincuente. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1897359987216043&id=100008261794924
Freud
Por otro lado, los estudiosos del tema (en 1969) determinaron que el 85 por ciento no usa el cerebro, utiliza sus instintos para sobrevivir.
Ese 85 por ciento es manipulable, es fácil su conducción de un lado para otro (es la borregada acusan algunos) para eso son buenos los medios de comunicación, para hacer creer a esa mayoría que las cosas son como ellos dicen (más bien como le conviene a los políticos malos que lo crean) - véase caso Florence Cassez; caso Francisco Ruíz Massieu; caso de la niña entre las sábanas, y muchos más.
Hay también quienes juegan a la política como el exdiputado o al buen análisis de las cosas como un compañero del gremio que, con respecto al asesinato de Max Rodríguez, dijo que fue producto del crimen organizado, ¡claro! Con la intención que el vulgo crea que fueron los grupos violentos, los carteles de las drogas o los Puchas, según tengan su idea del crimen organizado. 
Quienes mataron a Max Rodriguez no tienen alma
No se tientan el corazón.
Los matones entran a las casas de sus víctimas o siguen o esperan a sus víctimas y, en menos de lo que canta un gallo, asesinan sin piedad.
Hace años, cuando El Tigrillo vivía en el sur de BCS, una persona que le impermeabilizaba el techo de su residencia le pidió trabajar en su cartel. - No mi amigo- le contestó el eludido- conmigo trabajan personas que no tienen Alma.
Y si, los sicarios al servicio de los grupos violentos no tienen alma. Entran, llegan, asesinan y se van. No ven si hay personas inocentes a los lados. Ellos matan y a veces una bala da en el lugar equivocado. En la víctima equivocada.
Pero quién pone a la víctima?
Los asesinos a sueldo llegan de fuera, son contratados para determinado 'trabajo' y el matón no sabe dónde vive, es más, ni quién es ni a qué se dedica. Como no lo sabía El Gordo Gastelum cuando asesinó al comandante Manuel Ceseña. Hasta que estuvo en La Paz supo que era policía pero a él no le importó pues ya llevaba entre sus salvajadas ocho muertos más.
Por lo regular las víctimas están desarmadas pues algunos nada deben ni nada temen, como este caso que nos ocupa. Por lo tanto es una afrenta al ejercicio periodístico. Lo que le hacen a un periodista, se lo hacen a todos.
A Max lo pusieron, ni duda cabe, o fue un policía o, lo más triste, un compañero del gremio.
Es muy fácil hablar por hablar, es más, la mayoría de los que desacreditan la labor periodística lo hace para esconder sus miserias. En los cafés y en los mentideros  políticos dicen que tal o cual periodista sirve o servía a los grupos violentos y luego estos hablantines van  por su 'recompensa' donde tienen que ir.
Los lambiscones son los que dicen que eran hombres malos. Y de esos lambiscones conozco a muchos. Lo más cruel es que los que se creen analistas de primer nivel desacreditan a los periodistas de a pie y ello genera odio hacia el que busca la verdad. Los perfumados violan el artículo 13 de la Convención Americana, pero eso no les importa a los diputados locales que nada hacen por defender el derecho de audiencia, ni la protección y el fomento al ejercicio periodístico.
Pero Volviendo al video que filtró Max a través de Rubio Ruíz. En esa ocasión, el propio Rubio Ruíz defendió al presunto secuestrador (El Chivi) el cual después de que alcanzó su libertad se fue a su natal Mazatlán donde, al llegar, lo asesinaron. ¿Quién sabía de esa libertad? Su abogado y el procurador, y desde luego el jefe de La Hermandad. Luego entonces fueron los Chivos Prietos quienes ordenaron esa muerte. Rubio Ruíz jamás dijo algo al respecto de ese homicidio, como tampoco dijo lo de su ayudante que hace un mes asesinaron por estar relacionado con los mañosos. Luego entonces no dirá nada sobre las causales de la muerte de Max. 
Y a Max lo mató La Hermandad, ni duda cabe.
A partir de esta muerte, les será más fácil asesinar más periodistas. El método de inferencias nos dice que BCS se va a veracrurizar.
24 periodistas y fotógrafos han sido asesinados en Veracruz en los últimos once años.
La lógica nos dice que un gran número de periodistas de BCS caerán bajo las balas asesinas.
Hoy los diputados querrán sacar la ley de protección a periodistas, y de nada servirá pues Veracruz fue el primero que lo hizo y de nada sirvió. Incluso emitió la ley del instituto de comunicación social pero sólo para taparle el ojo al macho.
BCS ocupa prevenir antes que judicializar el evento.
Hay protocolos internacionales para detener esto. Y los diputados lo saben. 
También a Samgar y al Ahumada: http://periodistaincmodo.blogspot.mx/2016/07/asesinato-de-samgar-y-del-ahumada.html

lunes, 10 de abril de 2017

libertad de expresión


Periodistas del sistema
Entiendan
Ustedes no son periodistas, son voceros de los gobiernos en turno
He escuchado y leído con atención las diferentes voces, y plumas de quienes se creen dueños de la verdad periodística, decir o publicar quien o quienes son las mejores plumas o los verdaderos periodistas, y desde luego ellos encabezan la lista de ‘verdaderos periodistas’ porque asisten a las ruedas de prensa, difunden obras, programas y acciones del gobierno en turno, entrevistan a modo al funcionario, alaban al político repartiendo tomate, gallinas, sandías, despensas, material para construcción, ayudas de traslados para enfermos, dotación de medicamento, etc. y, para justificar su embute o aumentarlo desacreditan sin ton ni son, violentando el artículo 13 de la convención americana.
Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional
Hay grupúsculos de sedicentes periodistas que violan sistemáticamente el inciso 5to pues hacen apología de odio al decidir quién o quiénes merecen la calificación de periodistas.
Son capaces de desacreditar a tal o cual periodista para que no reciba premio alguno, incitando incluso a la violencia moral.
Todos ellos, en el devenir de los años los he observado y siempre los he visto colgados a las nóminas de los gobiernos de derecha, izquierda o de centro.
Por desgracia, como dijera ALBERTO Ceseña, entonces secretario particular del gobernador Narciso Agundez Montaño; tú estás palomeado como periodista.
Frase del día
La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.
CIDH - Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión
PREÁMBULO
REAFIRMANDO la necesidad de asegurar en el hemisferio el respeto y la plena vigencia de las libertades individuales y los derechos fundamentales de los seres humanos a través de un estado de derecho;
CONSCIENTES que la consolidación y desarrollo de la democracia depende de la existencia de libertad de expresión;
PERSUADIDOS que el derecho a la libertad de expresión es esencial para el desarrollo del conocimiento y del entendimiento entre los pueblos, que conducirá a una verdadera comprensión y cooperación entre las naciones del hemisferio;
CONVENCIDOS que cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones se limita la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático;
CONVENCIDOS que garantizando el derecho de acceso a la información en poder del Estado se conseguirá una mayor transparencia de los actos del gobierno afianzando las instituciones democráticas;
RECORDANDO que la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Resolución 59(I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en otros instrumentos internacionales y constituciones nacionales;
RECONOCIENDO que los principios del Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos representan el marco legal al que se encuentran sujetos los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos;
REAFIRMANDO el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece que el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas sin consideración de fronteras y por cualquier medio de transmisión;
CONSIDERANDO la importancia de la libertad de expresión para el desarrollo y protección de los derechos humanos, el papel fundamental que le asigna la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el pleno apoyo con que contó la creación de la Relatoría para la Libertad de Expresión, como instrumento fundamental para la protección de este derecho en el hemisferio, en la Cumbre de las Américas celebrada en Santiago de Chile;
RECONOCIENDO que la libertad de prensa es esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información;
REAFIRMANDO que los principios de la Declaración de Chapultepec constituyen un documento básico que contempla las garantías y la defensa de la libertad de expresión, la libertad e independencia de la prensa y el derecho a la información;
CONSIDERANDO que la libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental;
RECONOCIENDO la necesidad de proteger efectivamente la libertad de expresión en las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en respaldo a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, adopta la siguiente Declaración de Principios;
PRINCIPIOS
1. La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.
2. Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
3. Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla.
4. El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas.
5. La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.
6. Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión. La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados.
7. Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales.
8. Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales.
9. El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.
10. Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.
11. Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como "leyes de desacato" atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.
12. Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos.
13. La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión. 
Antecedentes e Interpretación de la Declaración de Principios
Frase del día
La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática. Principio # 1
CIDH Declaracion de Principios sobre Libertad de Expresion
A.  Antecedentes 
1.   En respuesta al mandato encomendado con la creación de la Relatoría para la Libertad de Expresión, durante el año 2000 la Relatoría trabajó en la elaboración de un proyecto de Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. 
2.   La idea de desarrollar una Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión nació en reconocimiento a la necesidad de otorgar un marco jurídico que regule la efectiva protección de la libertad de expresión en el hemisferio, incorporando las principales doctrinas reconocidas en diversos instrumentos internacionales. 
3.   Luego de un amplio debate con diversas organizaciones de la sociedad civil y en respaldo a la Relatoría para la Libertad de Expresión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión durante su 108° período ordinario de sesiones en octubre del año 2000.  Dicha declaración, constituye un documento fundamental para la interpretación del Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Su aprobación no sólo es un reconocimiento a la importancia de la protección de la libertad de expresión en las Américas sino que además incorpora al sistema interamericano los estándares internacionales para una defensa más efectiva del ejercicio de este derecho. 
4.   La CIDH adoptó este documento con plena conciencia de que la consolidación y desarrollo de la democracia dependen de la libertad de expresión y convencida de que cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones se limita la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático. 
5.   A fines de julio, el Relator Especial fue invitado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a participar de una conferencia titulada Declaración Interamericana de Libertad de Expresión que se realizó en Miami. Durante la misma, el Relator Especial participó en un panel sobre la Declaración de Chapultepec y presentó el proyecto de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión para consulta ante las siguientes organizaciones de la sociedad civil: Carter Center, Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional), Americas Watch, Asociación Periodistas, World Press Freedom Committee y Comité para la Protección de Periodistas (CPJ)  y juristas especialistas en libertad de expresión.  La Declaración tuvo una importante repercusión internacional en los medios de comunicación y una muy buena acogida en organizaciones internacionales, muchas de las cuales manifestaron su apoyo al documento elaborado por la Relatoría. 
6.   Debido a la trascendencia de estos principios en el desarrollo del respeto a la libertad de expresión, se presenta a continuación una interpretación sobre los principios enunciados en la Declaración. 
B. Interpretación
Principio 1 
La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas.  Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.
7.   El respeto y protección de la libertad de expresión adquiere una función primordial, ya que sin ella es imposible que se desarrollen todos los elementos para el fortalecimiento democrático y el respeto a los derechos humanos. El derecho y respeto de la libertad de expresión se erige como instrumento que permite el intercambio libre de ideas y funciona como ente fortalecedor de los procesos democráticos, a la vez que da otorga a la ciudadanía una herramienta básica de participación.  Asimismo, a través de los comunicadores sociales, la ciudadanía adquiere el poder de participar y/o controlar el desempeño de las acciones de los funcionarios públicos. Como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 
La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública y para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Es por eso que, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada, no es plenamente libre.  La libertad de expresión es por lo tanto no sólo un derecho de los individuos sino de la sociedad misma.
8.   Asimismo, es importante destacar que la declaración hace referencia a la libertad de expresión “en todas sus formas y manifestaciones.”  La libertad de expresión no es un derecho limitado a los comunicadores sociales o a aquellas personas que ejercen este derecho a través de los medios de comunicación. El derecho a la libertad de expresión abarca las expresiones artísticas, culturales, sociales, religiosas, políticas o cualquier otra índole.
Principio 2 
Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
9.   La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los Estados miembros deben eliminar las medidas que discriminen a los individuos de una participación plena en la vida política, económica, pública y social de su país. La Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra el derecho de las personas a la no-discriminación como pilares básicos en el fortalecimiento y funcionamiento de los sistemas democráticos del hemisferio.  La Carta de la OEA en sus artículos 33 y  44 establece:
La igualdad de oportunidades, la distribución equitativa de la riqueza y el ingreso, así como la plena participación de sus pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo son, entre otros, objetivos básicos del desarrollo integral[…y fomenta] la incorporación y creciente participación de los sectores marginales de la población, tanto del campo como la ciudad, en la vida económica, social, cívica, cultural y política de la nación, a fin de lograr la plena integración de la comunidad nacional, el aceleramiento del proceso de movilidad social y la consolidación del sistema democrático. 
10.   La falta de participación equitativa impide el desarrollo amplio de sociedades democráticas y pluralistas, exacerbando la intolerancia y la discriminación. La inclusión de todos los sectores de la sociedad en los procesos de comunicación, decisión y desarrollo es fundamental para que sus necesidades, opiniones e intereses sean contemplados en el diseño de políticas y en la toma de decisiones.  En este sentido, la Corte Interamericana expresó que: 
 Dentro de una sociedad democrática [es necesario que] se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas, opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto Tal como está concebido en la Convención Americana, [es necesario] que se respete escrupulosamente el derecho de cada ser humano de expresarse libremente y el de la sociedad en su conjunto de recibir información.
11.   El Relator Especial considera que es precisamente a través de una participación activa y pacífica de toda la sociedad en las instituciones democráticas del Estado en donde el ejercicio de la libertad de expresión se manifiesta plenamente permitiendo mejorar la condición de sectores marginados.
Principio 3 
 Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla.
12.   Este principio se refiere a la acción de habeas data.  La acción de habeas data se erige sobre la base de tres premisas: 1) el derecho de cada persona a no ser perturbado en su privacidad, 2) el derecho de toda persona a acceder a información sobre sí misma en bases de datos públicos y privados para modificar, anular o rectificar información sobre su persona por tratarse de datos sensibles, falsos, tendenciosos o discriminatorios y 3) el derecho de las personas a utilizar la acción de habeas data como mecanismo de fiscalización. Este derecho de acceso y control de datos personales constituye un derecho fundamental en muchos ámbitos de la vida, pues la falta de mecanismos judiciales que permitan la rectificación, actualización o anulación de datos afectaría directamente el derecho a la privacidad, el honor, a la identidad personal, a la propiedad y la fiscalización sobre la recopilación de datos obtenidos.   
13.   Esta acción adquiere una importancia aún mayor con el avance de nuevas tecnologías. Con la expansión en el uso de la computación e Internet, tanto el Estado como el sector privado tienen a su disposición en forma rápida una gran cantidad de información sobre las personas. Por lo tanto, es necesario garantizar la existencia de canales concretos de acceso rápido a la información para modificar información incorrecta o desactualizada contenida en las bases de datos electrónicas. Asimismo la acción de habeas data impone ciertas obligaciones a las entidades que procesan información: el usar los datos para los objetivos específicos y explícitos establecidos; y  garantizar la seguridad de los datos contra el acceso accidental, no autorizado o la manipulación. En los casos en que entes del Estado o del sector privado hubieran obtenido datos en forma irregular y/o ilegalmente, el peticionario debe tener acceso a dicha información, inclusive cuando ésta sea de carácter clasificada.   
14.   En cuanto al carácter fiscalizador de la acción de habeas data, es importante destacar que en algunos países del hemisferio, dicha acción constituye un importante mecanismo de control de la actividad de las agencias de seguridad e inteligencia del Estado. El acceso a los datos personales permite verificar la legalidad utilizada por parte de estas agencias del Estado en la recopilación de datos de las personas.  El acceso a dicha información, por  otra parte, habilita al peticionario a conocer la identidad de los involucrados en la recopilación ilegal de datos, habilitando la sanción legal para sus responsables.
15.   Para que la acción de habeas data sea llevada a cabo con eficiencia, se deben eliminar las trabas administrativas que obstaculizan la obtención de la información y deben implementarse sistemas de solicitud de información de fácil acceso, simples y de bajo costo para el solicitante. De lo contrario, se consagraría formalmente una acción que en la práctica no contribuye a facilitar el acceso a la información. 
16.   Asimismo, es necesario que para el ejercicio de dicha acción, no se requiera revelar las causas por las cuales se requiere la información.  La mera existencia de datos personales en registros públicos o privados es razón suficiente  para el ejercicio de este derecho.
Principio 4 
El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas. 
17.   El acceso a la información en poder del Estado es uno de los pilares fundacionales de las democracias. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre.” [24] Este principio establece que el acceso a la información en poder del Estado se constituye como un derecho fundamental de los individuos y que los mismos están obligados a garantizarlo. En relación con el objeto particular de este derecho, se entiende que las personas tienen derecho de requerir documentación e información registrada en archivos públicos o procesados por el Estado, es decir información considerada de una fuente pública o documentación oficial del Estado. 
18.   Este derecho cobra aún mayor importancia por encontrarse íntimamente relacionado al principio de transparencia de la administración y la publicidad de los actos de gobierno. El Estado, en este sentido, se constituye como un medio para alcanzar el bien común. Dentro de este contexto, el titular de la información es el individuo que delegó en los representantes el manejo de los asuntos públicos.
El principio de transparencia lo que demanda es una posición servicial de la Administración, aportando aquella documentación que hubiera sido previa, correcta y claramente solicitada, en la medida en que no se encuentre temporalmente excluida del ejercicio del derecho.
19.   Sin esta información, no puede ejercitarse plenamente el derecho a la libertad de expresión como un mecanismo efectivo de participación ciudadana ni de control democrático de la gestión gubernamental. Este control se hace aún más necesario por cuanto uno de los graves obstáculos para el fortalecimiento de las democracias son los hechos de corrupción que involucran a funcionarios públicos. La ausencia de control efectivo “implica una actividad reñida con la esencia del Estado democrático y deja la puerta abierta para transgresiones y abusos inaceptables”. [26] Garantizar el acceso a la información en poder del Estado contribuye a aumentar la transparencia de los actos de gobierno y la consecuente disminución de la corrupción en la gestión estatal. 
20.   Este principio a su vez establece el parámetro al que el Estado debe ajustarse para la negación de información en su poder. Debido a la necesidad de promover una mayor transparencia de los actos de gobierno como base para el fortalecimiento de las instituciones democráticas de los países del hemisferio,  las limitaciones a los archivos en poder del Estado deben ser excepcionales. Estas deben estar claramente establecidas en la ley y aplicable sólo en el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas. Se considera por lo tanto que cada acto restrictivo de acceso a la información debe ser resuelto sobre la base de cada caso peticionado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado  que las restricciones a la libertad de expresión e información deben “juzgarse haciendo referencia a las necesidades legítimas de las sociedades y las instituciones democráticas” dado que la libertad de expresión e información es esencial para toda forma de gobierno democrático. [27]   Por lo tanto, dentro de este contexto, el Estado debe asegurar que cuando existe un caso de emergencia nacional, la negación a la información en poder del Estado será impuesta sólo por el período estrictamente necesario por las exigencias de las circunstancias y modificado una vez concluida la situación de emergencia. [28] El Relator Especial recomienda que se asegure la revisión de la información considerada de carácter clasificada, a cargo de una instancia judicial independiente capaz de balancear el interés de proteger los derechos y las libertades de los ciudadanos con la seguridad nacional. 
Principio 5 
La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión. 
21.   La censura previa supone el control y veto de la información antes de que ésta sea difundida, impidiendo tanto al individuo, cuya expresión ha sido censurada, como a la totalidad de la sociedad, a ejercer su derecho a la libertad de expresión e información. El artículo 13 de la Convención Americana explícitamente prohíbe la censura previa.    El deber de no interferir con el goce del derecho de acceso a información se extiende a la libre circulación de información e ideas y la exhibición de obras artísticas que puedan o no contar con la aprobación de las autoridades estatales.
22.   La imposición de restricciones a la libertad de expresión sólo admite responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley donde los fines que se persiguen sean legítimos, y los fundamentos para establecer la responsabilidad sean  necesarios para asegurar el fin que se procura.
23.   Las responsabilidades ulteriores se encuentran reguladas por el artículo 13 de la Convención y solo proceden de manera restringida cuando fuere necesario para asegurar el respeto de los derechos o la reputación de otros.  “La restricción de la posibilidad de establecer responsabilidades ulteriores se dispone como garantía de la libertad de expresión evitando que ciertas personas, grupos, ideas o medios de expresión queden a priori excluidos del debate público.”  La legitimidad no constituye un concepto vacío que los Estados pueden determinar libre o arbitrariamente, sino que configuran lo que la doctrina jurídica conoce como conceptos jurídicos indeterminados. Estos consisten en conceptos cuyo contenido debe ser predecible, utilizando las reglas de la razonabilidad y la sana lógica, y cuya interpretación en definitiva sólo permite una solución justa.
24.   El derecho a la libertad de expresión y pensamiento está indisolublemente vinculado a la existencia misma de una sociedad democrática; la discusión plena y libre evita que se paralice la sociedad y la prepara para enfrentar las tensiones y fricciones dentro de la misma. [34] Una sociedad libre, hoy y mañana, es aquella que pueda mantener abiertamente un debate público y riguroso sobre sí misma. [35] Dentro de este contexto, la Corte Interamericana ha manifestado que el abuso de la libertad de expresión no puede ser objeto de medidas de control preventivo sino fundamento de una responsabilidad posterior para quien lo haya cometido.   En este caso, la aplicación de responsabilidades ulteriores deben ser llevadas a cabo a través de  sanciones civiles posteriores y no a través de la censura previa a la expresión no publicada.
25.   Asimismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que la libertad de expresión engloba dos aspectos: el derecho de expresar pensamientos e ideas y el derecho de recibirlas.  Por lo tanto, cuando este derecho es restringido a través de una interferencia arbitraria, afecta no sólo el derecho individual de expresar información e ideas, sino también el derecho de la comunidad en general de recibir todo tipo de información y opiniones. Asimismo, la Corte Interamericana ha sostenido:  
La censura previa produce “una suspención radical de la libertad de expresión al impedirse la libre circulación de información, ideas, opiniones, o noticias.  Esto constituye una violación radical tanto del derecho de cada persona a expresarse como del derecho de todos a estar bien informados, de modo que se afecta una de las condiciones básicas de una sociedad democrática. [38]  
26.   Haciendo mención a una decisión de la Corte Europea, la Corte Interamericana ha declarado que la protección a la libertad de expresión debe extenderse no sólo a la información o las ideas favorables, sino también a aquellas que “ofenden, resultan chocantes o perturban”, porque “tales son las exigencias del pluralismo, la tolerancia y apertura mental sin las cuales no existe una sociedad democrática.”
27.   Asimismo, este principio establece que es inadmisible la imposición de presiones económicas o políticas por parte de sectores de poder económico y/o del Estado con el objetivo de influenciar o limitar tanto la expresión de las personas como de los medios de comunicación.   La Comisión Interamericana ha expresado al respecto que el uso de poderes para limitar la expresión de ideas se presta al abuso, ya que al acallar ideas y opiniones impopulares o críticas se restringe el debate que es fundamental para el funcionamiento eficaz de las instituciones democráticas.  La limitación en el libre flujo de ideas que no incitan a la violencia anárquica es incompatible con la libertad de expresión y con los principios básicos que sostienen las formas pluralistas y democráticas de las sociedades actuales.
Principio 6 
Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión. La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados. 
28.   Este principio establece que toda persona tiene el derecho pleno de ejercer su libertad de expresión sin la exigencia de títulos o asociaciones que legitimen dicho derecho. Como se ha expresado anteriormente, la Corte Interamericana ha manifestado que el ejercicio de la libertad de expresión requiere que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento, por lo que éste representa un derecho de cada individuo, pero también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.  Cuando la Convención Americana proclama que la libertad de pensamiento y expresión comprende el derecho de difundir información e ideas a través de cualquier medio está señalando que la expresión y la difusión del pensamiento son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente.
29.   La Corte Interamericana consideró esta problemática en su opinión consultiva sobre colegiación de periodistas:
El periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento  y, por esa razón, no puede concebirse meramente como la prestación de un servicio al público a través de la aplicación de unos conocimientos o capacitación adquiridos en una universidad o por quienes están inscriptos en un determinado colegio profesional, como podría suceder en otras profesiones, pues está vinculado con la libertad de expresión que es inherente a todo ser humano. [42]
30.   Asimismo, la Corte identifica que el periodismo no podría existir sin la existencia de un pleno ejercicio de la libertad de expresión, creando así una relación simbiótica entre ambos.  
El periodista profesional no es otra cosa que una persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado.   Por tanto, la colegiación obligatoria conduce a limitar en forma permanente, en perjuicio de los no colegiados, el derecho de hacer uso pleno de las facultades que reconoce a todo ser humano el artículo 13 de la Convención Americana y el principio aquí analizado, lo cual infringe principios primarios del orden público democrático sobre el que la misma se fundamenta.
Finalmente, la Corte Interamericana ha señalado:
Los argumentos acerca de que la colegiación es la manera de garantizar a la sociedad una información objetiva y veraz a través de un régimen de ética y responsabilidad profesionales han sido fundados en el bien común. Pero en realidad como ha sido demostrado, el bien común reclama la máxima posibilidad de información y es el pleno ejercicio del derecho a la expresión lo que la favorece. Resulta en principio contradictorio invocar una restricción a la libertad de expresión como un medio para garantizarla, porque es desconocer el carácter radical y primario de ese derecho como inherente a cada ser humano individualmente considerado, aunque atributo, igualmente, de la sociedad en su conjunto. Un sistema de control al derecho de expresión en nombre de una supuesta garantía de la corrección y veracidad de la información que la sociedad recibe puede ser fuente de grandes abusos y, en el fondo, viola el derecho a la información que tiene esa misma sociedad.
Principio 7 
Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales 
31.   Una interpretación correcta de las normas internacionales, especialmente del artículo 13 de la Convención Americana, nos lleva a concluir que el derecho a la información abarca toda la información, inclusive aquella que denominamos “errónea,” “no oportuna” o “incompleta”.   Por tanto, cualquier calificativo previo que se le imponga a la información limitaría la cantidad de información protegida por el derecho   a la libertad de expresión. Por ejemplo, el derecho a la información veraz no protegería la información que, por oposición a veraz, denominaremos errónea. Por lo tanto, toda aquella información que pueda ser considerada errónea, no oportuna o incompleta no estaría protegida por este derecho.
32.   Al exigir la verdad, la oportunidad o la imparcialidad en la información se parte de la premisa que existe una verdad única e incuestionable. En este aspecto, es importante hacer una distinción entre aquellos temas que responden a hechos concretos y de posible comprobación fáctica, de los que corresponden a juicios de valor. En este último caso, es imposible hablar sobre veracidad o no de la información. La exigencia de veracidad puede implicar la censura casi automática de toda aquella información que es imposible de someter a prueba, lo que anularía, por ejemplo, prácticamente todo el debate político sustentado principalmente en ideas y opiniones de carácter netamente subjetivo. Inclusive en aquellos casos en que la información se refiera a hechos concretos de probable comprobación fáctica, también es imposible exigir la veracidad de la misma, ya que es indudable que sobre un mismo hecho concreto puede existir un gran número de interpretaciones marcadamente distintas. 
33.   Por otro lado, asumiendo inclusive que sea posible determinar la verdad sobre todas las cosas, es indudable que precisamente el debate y el intercambio de ideas es el método indicado para la búsqueda de la misma y el fortalecimiento de sistemas democráticos basados en la pluralidad de ideas, opinión e información. Si de antemano se impone la necesidad de informar únicamente la verdad, precisamente se niega la posibilidad de efectuar el debate necesario para conseguirla. La posibilidad de sanciones por informar sobre un tema que, con posterioridad y gracias al debate libre, se podría determinar como incorrecto, conduce a la posible autocensura de los informantes para evitar sanciones, y al consecuente perjuicio de todos los ciudadanos que no podrán beneficiarse del intercambio de ideas. La doctrina de la información veraz representa un retroceso para la libertad de expresión e información en el hemisferio ya que el libre flujo de información se vería limitado a la calificación previa de la misma entre “veraz” o “errónea”, lo que va en contraposición con la concepción amplia otorgada a este derecho dentro del Sistema Interamericano.
34.   La Corte Interamericana sostuvo al respecto que las dos dimensiones de la libertad de expresión -individual y colectiva- deben ser garantizadas simultáneamente. El condicionamiento a la información que puede recibir la sociedad a través de los medios de comunicación impide el flujo de información oportuna, disminuyendo la capacidad de la sociedad de participación informada. No sería lícito invocar el derecho de la sociedad a estar informada verazmente para fundamentar un régimen de censura previa supuestamente destinado a eliminar las informaciones que serían falsas a criterio del censor.
35.   Indudablemente, el derecho a la libertad de expresión protege también a aquella información que hemos denominado “errónea”. En todo caso, de acuerdo a las normas internacionales y la jurisprudencia más avanzada, únicamente la información que demuestre ser producida con “real malicia” podría ser sancionada. [46] Pero inclusive en este caso esa sanción debe ser producto de una actuación ulterior, y en ningún caso se puede buscar condicionarla con anterioridad. 
Principio 8 
Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales.
36.    Este principio establece el derecho de todo comunicador social a negarse a revelar las fuentes de información como así también el producto de sus investigaciones a  entidades privadas, terceros, autoridades públicas o judiciales. Se considera que el secreto profesional es el derecho del comunicador social de no revelar información y documentación que ha recibido en confianza o como parte de su labor de investigación.  Vale destacar que dicho derecho no se constituye como deber, ya que el comunicador social no está obligado a guardar el secreto de sus fuentes de información, sino por razones de profesionalismo y de ética profesional.
37.   Una de las bases primarias del derecho a la reserva se constituye sobre la base de que el periodista, en su labor de brindar información a las personas y satisfacer el derecho de las mismas a recibir información, rinde un servicio público importante al reunir y difundir información que de otra forma, sin guardar el secreto de las fuentes, no podría conocerse.  Asimismo, el secreto profesional consiste en “guardar discreción sobre la identidad de la fuente para asegurar el derecho a la información; se trata de dar garantías jurídicas que aseguren su anonimato y evitar las posibles represalias que pueda derivar después de haber revelado una información.” [48]   “Los periodistas y las demás personas que obtienen información de fuentes confidenciales con miras a difundirla en pro del interés público tienen derecho a no revelar la identidad de sus fuentes.” [49] Por lo tanto, la confidencia constituye un elemento esencial en el desarrollo de la labor periodística y en el rol conferido al periodismo por la sociedad de informar sobre asuntos de interés público.
Principio 9 
El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.
38.   La Comisión ha sostenido que las agresiones cometidas en contra de los periodistas tienen el objetivo de silenciarlos, por lo que constituyen igualmente violaciones al derecho que tiene una sociedad a acceder libremente a la información. Una prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de las demás libertades que integran el sistema democrático y el estado de derecho.  En varias democracias de América Latina existe una debilidad de las instituciones públicas encargadas del control de las conductas y funciones de la autoridad.  En dichos países, la prensa se ha transformado en el principal instrumento de control y difusión del accionar del Estado.  En muchos casos la prensa ha expuesto ante la opinión pública actos ilegales, abusivos o de corrupción de agentes del Estado y como consecuencia de las denuncias, los medios de comunicación y comunicadores sociales terminan siendo blanco de ataque y desprestigio.
39.   El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación tienen dos objetivos concretos. Por un lado, busca eliminar a aquellos periodistas que realizan investigaciones sobre atropellos, abusos, irregularidades o ilícitos de todo tipo, llevados a cabo ya sea por funcionarios públicos, organizaciones o particulares en general, a fin de que sus investigaciones no puedan concluirse, alcancen el debate público que ameritan o simplemente como represalia de éstas. Por otro lado, busca ser una herramienta de intimidación, mediante la cual se envía un claro mensaje para todas aquellas personas de la sociedad civil que realizan tareas de investigación sobre irregularidades en la gestión pública. Esta práctica busca que la prensa como mecanismo de control, guarde silencio o se haga cómplice de aquellas personas o instituciones que realizan actos o hechos abusivos o ilegales. En última instancia, lo que se busca es impedir a toda costa que la sociedad sea informada de estos acontecimientos. 
40.   Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos de derecho internacional, los Estados tienen el deber de investigar de manera efectiva los hechos que ocasionaron el asesinato de periodistas y sancionar a sus autores.  La Corte Interamericana ha sostenido que la investigación:
Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad busque efectivamente la verdad.
41.   La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la renuncia de un Estado a la investigación efectiva y completa del asesinato de un periodista y la falta de sanción penal de los autores materiales e intelectuales resulta especialmente grave por el impacto que tiene sobre la sociedad. Este tipo de crímenes no sólo tiene un efecto amedrentador sobre los periodistas, sino también sobre cualquier ciudadano, pues genera el miedo de denunciar los atropellos, abusos e ilícitos de todo tipo. El efecto solamente puede ser evitado mediante la acción decisiva de los Estados de castigar a todos los autores de estos asesinatos. Por esta vía los Estados pueden mandar un mensaje fuerte y directo a la sociedad, en el sentido de que no habrá tolerancia para quienes incurran en violaciones tan graves al derecho a la libertad de expresión.
Principio 10 
Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público.  Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.
42.   Este principio se refiere básicamente a la necesidad de revisar las leyes que tienen como objetivo proteger el honor de las personas (comúnmente conocidas como calumnias e injurias). El tipo de debate político a que da lugar el derecho a la libertad de expresión e información generará indudablemente ciertos discursos críticos o incluso ofensivos para quienes ocupan cargos públicos o están íntimamente vinculados a la formulación de la política pública. Las leyes de calumnias e injurias son, en muchas ocasiones, leyes que en lugar de proteger el honor de las personas son utilizadas para atacar o silenciar, el discurso que se considera crítico de la administración pública.
43.   La Comisión Interamericana ha expresado que la penalización de las expresiones dirigidas a los funcionarios públicos o a particulares involucrados voluntariamente en cuestiones relevantes al interés público es una sanción desproporcionada con relación a la importancia que tiene la libertad de expresión e información dentro de un sistema democrático. “Es evidente que tales sanciones no pueden justificarse, sobre todo, considerando la capacidad de las sanciones no penales para reparar cualquier perjuicio ocasionado a la reputación de los individuos.”  La democracia representativa exige que los funcionarios públicos, o todas aquellas personas que están involucradas en asuntos de interés público, sean responsables frente a los hombres y mujeres que representan. Los individuos que conforman una sociedad democrática delegan en los representantes el manejo de los asuntos de interés para toda la sociedad. Pero, la titularidad sobre los mismos se mantiene en la sociedad, la cual debe contar con un derecho amplio para monitorear con las mínimas restricciones posibles el manejo de los asuntos públicos por parte de los representantes.  En este sentido la CIDH sostuvo:
Una ley que ataque el discurso que se considera crítico de la administración pública en la persona del individuo objeto de esa expresión afecta a la esencia misma y al contenido de la libertad de expresión.
44.   La necesidad de un control completo y eficaz sobre el manejo de los asuntos públicos como garantía para la existencia de una sociedad democrática requiere que las personas que tengan a su cargo el manejo de los mismos cuenten con una protección diferente frente a las críticas que tendría cualquier particular que no esté involucrado en asuntos de interés público. Dentro de este contexto la Comisión Interamericana ha manifestado que la aplicación de leyes para proteger el honor de los funcionarios públicos que actúan con carácter oficial les otorga injustificadamente un derecho a la protección de la que no disponen los demás integrantes de la sociedad. Esta distinción invierte indirectamente el principio fundamental de un sistema democrático que hace al gobierno objeto de controles, entre ellos, el escrutinio de la ciudadanía, para prevenir o controlar el abuso de su poder coactivo.
Por otra parte, el hecho que los funcionarios públicos y personalidades públicas posean, por lo general, un fácil acceso a los medios de difusión que les permite contestar los ataques a su honor y reputación personal, también es una razón para prever una menor protección legal a su honor.
45.   La obligación del Estado de proteger los derechos de los demás se cumple estableciendo una protección estatutaria contra los ataques intencionales al honor y a la reputación mediante acciones civiles y promulgando leyes que garanticen el derecho de rectificación o respuesta. En este sentido, el Estado garantiza la protección de la vida privada de todos los individuos sin hacer un uso abusivo de sus poderes coactivos para reprimir la libertad individual de formar opinión y expresarla.
46.              Asimismo, este principio establece el estándar de la real malicia como ordenamiento legal a ser utilizado en la protección del honor de los funcionarios públicos o personas públicas. En la práctica dicho estándar se traduce en la imposición de sólo sanciones civiles en aquellos casos en que exista información falsa y producida con “real malicia“, [60] es decir producida con la intención expresa de causar un daño, o con pleno conocimiento de que dicha información era falsa, o con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas. La carga de la prueba recae sobre quienes se sienten afectados por una información falsa o inexacta demostrando que el autor de la noticia procedió con malicia. 
47.   Cuando la información que dio origen a una demanda judicial es un juicio de valor y no se trata de una afirmación fáctica, no debe existir ningún tipo de responsabilidad. Uno de los requisitos para que exista responsabilidad es que se demuestre la falsedad de la información o que se compruebe que el demandado publicó una declaración con conocimiento o alto grado de posibilidad sobre su falsedad en el momento de la publicación. Si la información es un juicio de valor, es imposible la prueba sobre la verdad o falsedad, ya que se trata de una apreciación completamente subjetiva que no puede ser sometida a prueba.
48.   La Comisión ha manifestado que este es especialmente el caso en la arena política en donde la crítica se realiza frecuentemente mediante juicios de valor y no mediante declaraciones exclusivamente basadas en hechos. Puede resultar imposible demostrar la veracidad de las declaraciones dado que los juicios de valor no admiten prueba. De manera que una norma que obligue al crítico de los funcionarios públicos a garantizar las afirmaciones fácticas tiene consecuencias perturbadoras para la crítica de la conducta gubernamental. Dichas normas plantean la posibilidad de que quien critica de buena fe al gobierno sea sancionado por su crítica.
49.   Asimismo, en base a la doctrina sobre reporte fiel, la reproducción fiel de información no da lugar a responsabilidad, aún en los casos en que la información reproducida no sea correcta y pueda dañar el honor de alguna persona.  Las bases de  esta doctrina se encuentran en la necesidad de la libertad de expresión e información para la existencia de una sociedad democrática.  Dentro de un sistema democrático, el debate debe ser fluido y amplio.  La publicidad de la información proveída por terceros no debe verse restringida por la amenaza de responsabilidad al informador simplemente por reproducir lo manifestado por otro.  Esto implica una restricción innecesaria que limita el derecho de las personas a estar informadas.
Principio 11 
Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.
50.   Como ha sido señalado anteriormente, el pleno ejercicio de la libertad de expresión es uno de los principales mecanismos que tiene la sociedad para ejercer un control democrático sobre las personas que tienen a su cargo asuntos de interés público. La CIDH se pronunció claramente la incompatibilidad de las leyes de desacato con la Convención Americana:
La aplicación de leyes de desacato para proteger el honor de los funcionarios públicos que actúan en carácter oficial les otorga injustificadamente un derecho a la protección del que no disponen los demás integrantes de la sociedad. Esta distinción invierte directamente el principio fundamental de un sistema democrático que hace al gobierno objeto de controles, entre ellos, el escrutinio de la ciudadanía, para prevenir o controlar el abuso de su poder coactivo. Si se considera que los funcionarios públicos que actúan en carácter oficial son, a todos los efectos, el gobierno, es entonces precisamente el derecho de los individuos y de la ciudadanía criticar y escrutar las acciones y actitudes de esos funcionarios en lo que atañe a la función pública.
Además de las restricciones directas, las leyes de desacato restringen indirectamente la libertad de expresión porque traen consigo la amenaza de cárcel o multas para quienes insultan u ofenden a un funcionario público. A este respecto, la Corte Europea afirmó que, si bien las penas posteriores de multa y revocación de un artículo publicado no impiden que el peticionante se exprese, "equivalen, no obstante, a una censura, que posiblemente lo disuada de formular críticas de ese tipo en el futuro". El temor a sanciones penales necesariamente desalienta a los ciudadanos a expresar sus opiniones sobre problemas de interés público, en especial cuando la legislación no distingue entre los hechos y los juicios de valor.
La crítica política con frecuencia comporta juicios de valor. Las leyes de desacato, cuando se aplican, tienen efecto directo sobre el debate abierto y riguroso sobre la política pública que el artículo 13 garantiza y que es esencial para la existencia de una sociedad democrática. Es más, la Comisión observa que, contrariamente a la estructura que establecen las leyes de desacato, en una sociedad democrática, las personalidades políticas y públicas deben estar más expuestas – y no menos expuestas- al escrutinio y crítica del público. Dado que estas personas están en el centro del debate público y se exponen a sabiendas al escrutinio de la ciudadanía, deben demostrar mayor tolerancia a la crítica.
51.   La Comisión ha establecido “ … la necesidad de que exista un debate abierto y amplio, crucial para una sociedad democrática, debe abarcar necesariamente a las personas que participan en la formulación y la aplicación de la política pública…” Y  agrega,”…dado que estas personas están en el centro del debate público y se exponen a sabiendas al escrutinio de la ciudadanía deben demostrar mayor tolerancia a la crítica…”
52.   En este contexto, la distinción entre la persona privada y la pública se hace indispensable. La protección que otorgan a los funcionarios públicos las denominadas leyes de desacato atentan abiertamente contra estos principios. Estas leyes invierten directamente los parámetros de una sociedad democrática en que los funcionarios públicos deben estar sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. La protección de los principios democráticos exige la eliminación de estas leyes en los países en que aún subsisten. Por su estructura y utilización, estas leyes representan enclaves autoritarios heredados de épocas pasadas de los que es necesario desprenderse.
Principio 12 
Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos.
53.   La existencia de monopolios u oligopolios públicos o privados se constituye en un serio obstáculo para la difusión del pensamiento propio, como también para la recepción de opiniones diferentes. Tanto la Corte Interamericana como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han manifestado que la libertad de expresión requiere que los medios de comunicación social estén abiertos a todos sin discriminación, o más exactamente que no haya individuos o grupos que estén excluidos del acceso a tales medios. Exige igualmente ciertas condiciones respecto a estos, de manera que, en la práctica, sean verdaderos instrumentos de la libertad de expresión.  Son los medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión y por lo tanto deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad.
54.   Dentro de este contexto, se debe garantizar el derecho de todas las personas de contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación, sin discriminación, por ningún motivo. Los monopolios u oligopolios en los medios de comunicación masiva representan un serio obstáculo al derecho de todas las personas a poder expresarse y a recibir información. Uno de los requisitos fundamentales del derecho a la libertad de expresión es la necesidad de que exista una amplia pluralidad en la información. El control de los medios de comunicación en forma monopólica u oligopólica, afecta seriamente el requisito de pluralidad en la información. Cuando las fuentes de información están seriamente reducidas en su cantidad, como es el caso de los oligopolios, o bien existe una única fuente, como los monopolios, se facilita la posibilidad de que la información    que se difunda no cuente con los beneficios de ser confrontada con información procedente de otros sectores, limitando de hecho, el derecho a la información de toda la sociedad.
55.   En la sociedad actual, los medios de comunicación masiva, como la televisión, radio y prensa, tienen un innegable poder en la formación cultural, política, religiosa, etc. de todos los habitantes. Si estos medios son controlados por un reducido número de individuos, o bien por sólo uno, se está, de hecho, creando una sociedad en donde un reducido número de personas, ejercen el control sobre la información, y directa o indirectamente, la opinión que recibe el resto de las personas. Esta carencia de pluralidad en la información es un serio obstáculo para el funcionamiento de la democracia. La democracia necesita del enfrentamiento de ideas, del debate, de la discusión. Cuando este debate no existe o está debilitado debido a que las fuentes de información son limitadas, se ataca directamente el pilar principal del funcionamiento democrático.   
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: 
La libre circulación de ideas y noticias no es concebible sino dentro de una pluralidad de fuentes de información y del respeto a los medios de comunicación.  No basta para ello que se garantice el derecho de fundar o dirigir órganos de opinión pública, sino que es necesario también que los periodistas y, en general, todos aquellos que se dedican profesionalmente a la comunicación social, puedan trabajar con protección suficiente para la libertad e independencia que requiere este oficio.
Principio 13 
La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de  sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.
56.   El Estado debe abstenerse de utilizar su poder y los recursos de la hacienda pública con el objetivo de castigar, premiar o privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas. Su rol principal es el de facilitar el más amplio, plural y libre debate de ideas. Cualquier interferencia que implique restringir la libre circulación de ideas debe estar expresamente prohibida por la ley. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión. 
57.   La utilización del poder del Estado para imponer criterios de restricción puede ser empleado como mecanismos encubiertos de censura a la información que se considere crítica a las autoridades.  Al analizar el alcance de la libertad de expresión dentro del contexto de los derechos protegidos bajo la Convención, la Corte Interamericana reconoció que la libertad de expresión es indivisible al derecho de difusión del pensamiento y de la información.  En este sentido, ésta tiene una dimensión individual y una dimensión social.  La Corte expresó:
la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho de hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir información y hacerla llegar al mayor número de destinatarios […] Asimismo, es fundamental que los periodistas […] gocen de la protección y de la independencia necesaria para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos los que mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad.
58.   El Relator Especial destaca, asimismo, que al imponer presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales se obstruye el funcionamiento pleno de la democracia, puesto que la consolidación de la democracia en el hemisferio se encuentra íntimamente relacionada al intercambio libre de ideas, información y opiniones entre las personas.


·         © Copyright 2015 OEA
1889 F St. N.W. Washington, DC, U.S.A. 20006 / E-mail: cidhoea@oas.org / Teléfono: (202) 370-9000 / Fax: (202) 458-3650