domingo, 9 de julio de 2017

Sempra Energy

Sempra Energy
Una maraña de corrupción
Tiene a los mejores pillos del mundo

Muchos intereses e interesados en que Sempra continúe comprando voluntades en México a muy alto nivel. Los directivos de Sempra se han caracterizado por magnificar la corrupción entre políticos, presidentes municipales, gobernadores, secretarios de estado, jueces y secretarios de distrito y, desde luego lo seguirán haciendo mientras la corrupción no sea castigada en México.


Sempra Energy instaló una parte de su compañía en terrenos propiedad de Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, desde luego sin que le notificaran a su dueño pues los pillos que le vendieron el terreno a la corporación gasera se valieron del conflicto de intereses al tener la información de la instalación de tan grande empresa en el municipio de Ensenada pues la planta de San Diego Cal, recién había sido clausurada por los riesgos que representaba.
Los conocedores de la materia aseguran que el presidente municipal de aquella época recibió 7 millones de dólares para permitir su instalación, aún en riesgo de la vida de seres humanos y flora y fauna de la región.
El 11 de febrero de 2011, ante las presiones sociales, el presidente municipal de Ensenada, Enrique Pelayo Torres colocó sellos de clausura en la planta e inmediatamente su líder nacional Beatriz Paredes presionó para que retirara los sellos y dejara trabajar a la planta, pero Pelayo sentía mayor presión social y, como sus aspiraciones era llegar a la gobernatura, no cedió a las presiones no sólo de su líder nacional, sino de la de embajada de EEUU. Pelayo mostró documentos donde la trasnacional había violado el uso de suelo y el Plan de Desarrollo Urbano del ayuntamiento. Ante ese argumento Beatriz Paredes ya no insistió.
Suple a la dama Humberto Moreira y, de inmediato, junto a Luis Téllez, entonces presidente de la Bolsa Mexicana de Valores (exministro de Energía con Zedillo) trató de convencer a Pelayo para platicar con los más altos ejecutivos de Sempra México, siendo estos, Carlos Ruiz Sacristán y Darcel Hulse, el primero exministro de SCT en la administración de Ernesto Cedillo.
A finales de mayo de 2011, John D. Feeley, subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental y corresponsable de acomodar la Iniciativa Mérida para los planes aviesos de los gringos, sacó información privilegiada en contra de Pelayo pues a su hijo se le relacionó con un fuerte depósito bancario por un soborno, además de que los gringos amenazaban con militarizar la frontera, cancelar la visa del presidente municipal y, desde la federación presionaba al edil por invadir competencias que no le correspondían. Cedió.
Para mayor apertura legal, Téllez y Sacristán, éste secretario de la SCT con Felipe Calderón, (por intereses personales) influyeron para modificar el título de concesión portuaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2007.
Desde luego que los leguleyos al servicio de Sempra habían conseguido un amparo para seguir trabajando aún con los sellos puestos y en lo mediático parecía que Ensenada no permitiría operaciones de Sempra en sus alrededores, como no lo permitió San Diego en su momento.



El Economista destacó: Se menciona que las acciones emprendidas por el gobierno municipal derivan de una serie de irregularidades y violaciones a diversos artículos de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado, durante la instalación de dicha empresa en las zonas aledañas al corredor turístico Tijuana-Ensenada.
El alcalde de Ensenada, Enrique Pelayo Torres detalló que los artículos que fueron incumplidos son 1, 4, 5, 6, 47, 83, 84, 85, 136, 138 y 140 de dicha ley, así como el incumplimiento de lo dispuesto en los puntos 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 del Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor Costero Tijuana – Rosarito – Ensenada.
“Estamos velando en todo momento por la integridad física de cada uno de los habitantes de Ensenada ante una eventualidad y atendiendo los exhortos emanados del Congreso de la Unión y del Congreso del Estado, en donde se le instruye al 20 Ayuntamiento de Ensenada a que investigue, revise y actué en consecuencia referente a las instalación y operación de la empresa Energía Costa Azul”, indicó Pelayo Torres.
Explicó que la suspensión definitiva otorgada por un juez no limita las acciones que deba ejercer el ayuntamiento de Ensenada para llevar a cabo el cumplimiento de la ley, por lo que la institución municipal tomó la medida del cierre total temporal de Energía Costa Azul.
Por otro lado, el primer edil ensenadense dijo que las autoridades realizaron una minuciosa revisión así como las verificaciones correspondientes al expediente de Sempra Energy en Baja California donde encontraron graves irregularidades como la expedición del permiso de uso de suelo que otorgó el entonces Presidente Municipal del 17 Ayuntamiento de Ensenada,  Jorge Antonio Catalán Sosa, sin tener facultades legales individuales para expedir dicho permiso.
Asimismo, destacó que a la fecha la empresa Energía Costa Azul no ha entregado al municipio el manual de riesgo de operación, en donde se contemplen las alternativas e indicaciones a seguir en caso de alguna emergencia o circunstancia que ponga en riesgo a los habitantes de Ensenada. Por tal motivo se establece que no existe un plan de prevención contra dicho riesgo.
Además de no contar con un centro local para atender emergencias, y esta se encuentre debidamente equipada con aparatos e infraestructura de bomberos y paramédicos.
Pelayo Torres agregó que las autoridades municipales carecen de la información técnica sobre la tubería, ductos, válvulas y demás sistemas de seguridad, que permitan estar en condiciones de impulsar las medidas conducentes que salvaguarden a la población mediante la implementación de medidas oportunas a cargo de la Dirección de Protección Civil.
Asimismo agregó que la planta debería contar con un seguro contra riesgos, y tener como beneficiario al municipio de Ensenada, a efectos de garantizar el pago de los daños provocados ante un supuesto incidente.
Por otro lado el alcalde de Ensenada, comentó que expertos en la materia cuestionan el por qué la empresa regasificadora de Energía Costa Azul no cuenta con una Zona de Exclusión Térmica o de Amortiguamiento, lo que pudiera generar un accidente en grandes proporciones.
Ante estas investigaciones, el municipio de Ensenada concluyó en clausurar temporalmente las instalaciones de Sempra Energy en el Estado.
Se ampara y un juez de distrito ordena que dejen trabajar a la industria de gas licuado……..El Economista febrero 11 de 2011

A partir del levantamiento de sellos los medios de comunicación al servicio de la empresa internacional han publicado bondades de Sempra, dejando de lado su verdadero papel de comunicar con la verdad de los riesgos que la operación de la planta conlleva, y del robo de terrenos a sus verdaderos dueños, un sudcaliforniano entre ellos.
Ramón Eugenio Sánchez Ritchie ha peleado contra los titanes de la corrupción pero un nuevo acuerdo del colegiado le da esperanzas de que la compañía le pague los daños por el robo de su terreno y que Sedatu le reponga las 192 hectáreas que malamente permite su utilización.



                            

A pesar de que el Colegiado pretende enderezar lo que desde un inicio está mal, personal del departamento jurídico de Sedatu se apersonaron el viernes 7 de julio de 2017, a las 10:18, con el secretario de acuerdo del colegiado, jurisdiccional para influir ($) y que se re conozca que Sedatu no actúo mal.

Sólo queda esperar si el ministro permite el crimen jurídico.